El Tribunal de Cuentas ha examinado por primera vez la gestión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y ha detectado "errores" en materia de contratación, en la información del detalle de bienes inmuebles, así como en las retribuciones de los miembros del comité directivo y en la ejecución de los presupuestos.
El informe de fiscalización se aprobó en el pleno del Tribunal de Cuentas el 21 de diciembre, tras una tramitación polémica. La Abogacía del Estado determinó que el Tribunal no debía aprobar el texto y manifestó sus "dudas razonables" sobre si el objetivo del informe entra dentro de su función fiscalizadora.
El informe recomienda a la AIReF mejorar su gestión y transparencia ante las deficiencias detectadas, a lo que el organismo presidido por José Luis Escrivá contestó ayer que "la mayor parte" de las recomendaciones "están implementadas o en vías de implementación".
Entre otras, la AIReF ya ha ejecutado la recomendación relativa a la aprobación del calendario laboral que distribuye la jornada y la fijación de los horarios de personal, así como la referida a la liquidación del complemento de productividad, y la inclusión en las bases de cotización de las cantidades en concepto de ayudas para comidas y abono transporte.
También ha cumplido ya con la recomendación de establecer un mecanismo para realizar, en la gestión de las encomiendas, un seguimiento específico de las actividades subcontratadas y ha subsanado la mayor parte de las deficiencias del portal de transparencia.
Mientras, está en proceso de establecer un sistema para registrar los bienes recibidos por mutación de- manial por su valor razonable y contabilizar los que se hayan recibido a través de dicha mutación, y hará las modificaciones contables en las cuentas de 2017.
Igualmente, la AIReF se compromete a reforzar la justificación de los precios en las memorias económicas de los contratos, así como a hacer un seguimiento de la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de Subvenciones.
Cumplir el déficit, cerca
La Autoridad Fiscal también distribuyó ayer su cálculo mensual sobre las posibilidades de cumplimiento del déficit. Con datos hasta noviembre, el organismo cree que hay más de un 70% de opciones de que el año pasado cerrara con el 3,1% comprometido con Bruselas, diecinueve puntos más que justo un mes antes. El Estado y la Seguridad Social habrían incumplido sus límites, del 1,1 y el 1,4%, respectivamente, pero los municipios habrían acumulado un nuevo superávit y las autonomías se habrían ceñido al 0,6% obligado.
0,6%
Es el límite de déficit que, por acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, debían respetar las comunidades autónomas al finalizar 2017. Según los datos más recientes, hasta noviembre de ese año, la Autoridad Fiscal considera que hay cinco que habrían incumplido el límite. Son Murcia, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Cantabria. Otra más, Castilla-La Mancha, presenta posibilidades de desvío, aunque más leves que las cinco anteriormente mencionadas.
