No solo en España. También los empresarios islandeses y alemanes han puesto puntos sobre las íes a las iniciativas de sus gobiernos para acabar con la brecha retributiva entre hombres y mujeres en ambos países. Las normativas son diferentes en cada caso, pero tanto en Islandia como en Alemania se han ganado la oposición de las patronales.
En el caso islandés, país pionero en ilegalizar la diferencia de sueldos entre personas de distinto género que desempeñan el mismo puesto de trabajo, una parte del sector empresarial critica la nueva ley bajo el argumento de que limitará la capacidad de las empresas más pequeñas. "Las empresas deben hacer esto para su propio beneficio y el beneficio de sus empleados", afirmaba Halldor Thorbergsson, director general de la confederación de empleadores de Islandia, para el Times. "Pero no debe ser legalizado", concluía.
A pesar de la oposición que ya manifestó la patronal cuando el Gobierno anunció la medida en marzo de 2017, Islandia, uno de los países más avanzados en materia de igualdad, ha empezado este 2018 dando un paso decisivo al prohibir por ley las diferencais salariales y decretar que un mismo trabajo debe obtener una misma remuneración sin importar el sexo, la identidad de género, el grupo étnico, la identidad sexual, la nacionalidad o la religión.
Desde el pasado día 1 de enero, la ley promulgada por la primera ministra Katrín Jakobsdóttir obliga a las empresas que tengan una plantilla de al menos 25 trabajadores a disponer de un certificado de "paridad salarial", debiendo pagar una multa si no lo consiguen, aún sin concretar, pero que en ningún caso superará los 400 euros al día.
Si bien la nueva legislación entró en vigor el día 1, el Gobierno ha facilitado un calendario de adaptación y no será hasta 2022 que todas las empresas de más de 25 trabajadores deberán contar con este certificado.
Alemania, más 'light'
En el caso alemán, la equiparación de la mujer en el ámbito laboral fue una de las prioridades en la agenda socialdemócrata (SPD) durante la pasada legislatura, en la que gobernaron en gran coalición junto con el bloque conservador de la canciller Angela Merkel, que ahora ata los últimos flecos para conformar un nuevo Ejecutivo.
Pocos días después de la entrada en vigor de la ley islandesa, Berlín dio luz verde a una nueva norma que obliga a las grandes empresas a informar a sus empleadas de cuánto ganan sus compañeros hombres por realizar un trabajo similar. La medida se aplicará a compañías con al menos 200 empleados y no establece que las trabajadoras podrán conocer el salario concreto de un compañero, sino que obtendrán el cálculo de la media de los salarios de al menos seis empleados del sexo opuesto que realicen tareas similares. La ley no contempla sanciones, pero si el empresario incumple, podrá ser demandado ante los tribunales.
Pese a ser más laxa que la ley islandesa, desde la patronal alemana tampoco ocultaron las críticas a una norma que consideran va a complicar la vida del empleador. "La ley de transparencia es una injerencia masiva en el exitoso modelo de relaciones laborales alemán. En lugar de regulaciones hipercomplicadas, los políticos deberían luchar por más guarderías y escuelas de jornada completa. Es necesaria también una formación profesional sin estereotipos en la que niños y niñas se interesen por todo tipo de trabajos", dijo Steffen Kampeter, director de la confederación de empleadores.
