Rodrigo Rato mueve ficha en plena investigación judicial sobre su patrimonio por posible delito fiscal y blanqueo de capitales. El exvicepresidente del Gobierno ha nombrado en los últimos días a sus hijos -Rodrigo, Ana y Ángeles Rato Alarcó- apoderados solidarios de seis sociedades, a través de las cuáles gestiona su patrimonio, ahora embargado.
Se trata de Kradonara 2001, Arada, Rodanmán Gestión, Explotaciones Carabaña, Rafi y Rafi Tealsa. Entre todas ellas sumaban a 31 de diciembre de 2016 activos por valor de 22,81 millones de euros, según los últimos datos publicados en el Registro Mercantil, una cifra prácticamente similar a la del año anterior.
Rato sigue siendo, no obstante, administrador único de todas las sociedades. La única firma que controla y en la que, por ahora, no ha dado entrada a sus hijos es Donald Inversiones. Se trata de una antigua sicav en la que figuraba también Santiago Cobo, el marido de Teófila Martínez, exalcaldesa de Cádiz con el Partido Popular.
Sin responsabilidad
Como apoderados, los hijos de Rato estarán a partir de ahora facultados para actuar en nombre y por cuenta del expolítico y expresidente de Bankia en red empresarial. No obstante, y al contrario de si fueran administradores, no tienen ninguna responsabilidad civil ni penal por sus actos, siempre y cuando, lógicamente, no se extralimiten en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. La más importante de todas las sociedades en las que han entrado ahora los hijos de Rato es Kradonara, que el expresidente de Bankia controlaba a través de presuntos testaferros en Gibraltar con la firma Vivaway y que participaba, a su vez, en la firma alemana Bargerpleta, investigada también por el presunto blanqueo de capitales. De acuerdo con la investigación judicial en marcha, se trata del eje central a través del cuál Rato habría movido su patrimonio.
En un escrito presentado en verano de 2015 la Fiscalía apuntaba ya que la Onif, la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Agencia Tributaria, había detectado indicios de delito. "Los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 y 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal", afirmaba entonces la Fiscalía. Aunque todavía no se ha desmotrado ningún tipo de relación, hay que tener en cuenta, además, que en el momento en el que se produjeron esos presuntos desvíos de dinero, al menos durante 2011 y 2012, Rato ocupaba la presidencia de Bankia.
El pasado octubre, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, que instruye el denominado caso Rato, por el que se investiga el presunto delito fiscal, que reabra la pieza relativa al blanqueo de capitales que pudo cometer el exvicepresidente económico del Gobierno por las actividades económicas en torno a las sociedades Vivaway y Kradonara.
Posible blanqueo
La Sala estimó así parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento que dictó el juez Antonio Serrano-Arnal el pasado mes de mayo, instando a que se siga investigando a Rato al entender que existen indicios suficientes de que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida".
Kradonara suma actualmente activos por valor de 7,07 millones de euros y en 2016, el último ejercicio con cuentas disponibles, registró un resultado después de impuestos de 94.666 euros, lo que supuso multiplicar por doce los 7.660 euros que había ganado un año antes. Ahora, con sus hijos como apoderados, Rato figura como administrador único de la firma desde mayo de 2015.
Tan solo tres meses antes y en cuanto tuvo conocimiento de que se le estaba investigando, había puesto al frente de la misma a Teresa Arellano, su secretaria. Arellano había sustituido a Servitax, una gestoría, pero cuando supo lo que estaba ocurriendo le pidió a Rodrigo Rato salir de forma inmediata de la empresa.
El exvicepresidente del Gobierno está tratando ahora de demostrar que no ha cometido ningún delito fiscal. Pese a que la Onif eleva la cantidad defraudada a 8 millones de euros, Rodrigo Rato ha presentado un informe con justificantes y datos sobre sus cuentas bancarias para demostrar que entre 2009 y 2014 únicamente dejó sin declarar ante la Agencia Tributaria un total de 85.000 euros, tal y como adelantó elEconomista el pasado 5 de enero. Las fuentes consultadas apuntan, además, que de esta cantidad, hay 63.000 euros correspondientes al ejercicio de 2013, que Rato no ha logrado identificar, por lo que, en realidad, el posible fraude ascendería a una cantidad de únicamente 22.000 euros en un periodo de cinco años, según trata de demostrar.
Fuentes próximas a Rato enmarcan el nombramiento de sus hijos en las sociedades de la red dentro de la normalidad en el funcionamiento mercantil de las mismas, "teniendo en cuenta que son mayores de edad".
Las respuestas de Goirigolzarri
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, respondió a las declaraciones sobre el rescate de Bankia de su antecesor en el cargo, Rodrigo Rato, que le acusó, en el Congreso, de pedir al Estado una inyección de capital adicional de 19.000 millones -cifra que calificó de "excesiva"-.
"Nuestra política es la de no pronunciarnos sobre cuestiones que están bajo investigación judicial", apuntó Goirigolzarri, quien, no obstante, puntualizó: "Me extraña que dijera eso. Los 19.000 millones de los que habla, primero, que no fueron 19.000 millones y, segundo, que es una cifra que nosotros no dimos, sino que definió la Comisión Europea. Eso es así y se puede contrastar". El ejecutivo recibió el 'Premio al Directivo del Año 2017' del Colegio de Economistas de Valencia (Coev).
