Si el año 2017 fue el de la consolidación de la recuperación pese a la crisis catalana, el 2018 deberá ser el tiempo de afrontar las reformas pendientes. La crisis del principal partido socialista primero, -que paralizó parlamentariamente al PSOE hasta que se resolvió el proceso de primarias-, y la necesidad de dar prioridad al desafío independentista después, han dejado muchas cuentas pendientes en un año de sequía legislativa.
El primer reto del Gobierno en minoría de Mariano Rajoy será sumar los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, aún en el tintero debido a la dificultad de alcanzar consensos en un escenario político de alta confrontación.
Otro asunto en el tintero es la reforma del sistema de financiación económica, una tarea pendiente desde hace años que ahora gana peso por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y la presión de las comunidades, todas críticas con el actual modelo por circunstancias distintas.
Además, el Ejecutivo debe ahondar en la senda de reducción del déficit, lo que permitirá que el próximo año España salga del procedimiento de déficit excesivo, en el que el país lleva inmerso desde el año 2009. Para ello, el déficit deberá situarse por debajo del 3 por ciento -cifra en la que cerrará el año-.
Muy relacionada con los problemas de desfase presupuestario está la reforma de las pensiones. La que fuera una de las prioridades del año pasado, no ha conseguido avances ni en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso ni en la Mesa de Pensiones con los agentes sociales, lo que obliga a retomar el asunto en el 2018.
Todo ello en un entorno, ahora sí, de crecimiento económico que debe permitir continuar reduciendo la tasa de paro. Según las previsiones del Gobierno el desempleo cerrará el 2018 en el entorno del 15,5 por ciento, lo que supone la creación de unos 400.000 nuevos empleos en el año que estamos a punto de estrenar.
En ese sentido, la subida del 4 por ciento del salario mínimo aprobada al filo de las campanadas de fin de año busca una mejora en las condiciones de los trabajadores más vulnerables. Cuestión aparte será la subida salarial que negocien la patronal y los sindicatos, cuya mesa se retomará en enero.
En pleno ciclo expansivo de la vivienda, habrá que ver qué ocurre tras la entrada en vigor en enero de la nueva Ley Hipotecaria, que intentará acabar con las malas prácticas de los bancos con los préstamos.
