El Estado prorroga las condiciones para impedir gastos ilegales de la Generalitat
Ni una semana ha durado la calmachicha del conflicto político catalán por la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras las elecciones del 21 de diciembre. Ayer se reactivó el pulso entre el Gobierno central y la administración catalana, con medidas desde ambas partes. La Diputación Permanente del Parlament aprobó recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la aplicación del 155. Junts pel Sí, que agrupa al PDeCat y ERC, contó con el apoyo de los diputados de Catalunya Sí Que Es Pot, coalición que incluye a Podem y los comuns, mientras que el representante de la CUP se abstuvo, porque no reconoce la legitimidad del TC. PP, PSC y C's votaron en contra, por considerar necesaria la intervención al producirse una proclamación de independencia en el Parlament.
Junts pel Sí pidió en noviembre un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el 155, y el órgano consultivo de la Generalitat concluyó que era susceptible de recurrirse; entre otras razones, porque el cese del Govern no era una "medida necesaria o indispensable", recogió Europa Press.
Por parte de la administración central, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer medidas propuestas por el Ministerio de Hacienda con nuevas condiciones para pagos y contratos que se realicen desde la Generalitat, de manera que se evite la financiación "de actuaciones ilegales" que no estén amparadas por la ley o sean contrarias a las decisiones de los tribunales. Esta orden toma el relevo del procedimiento aplicado desde septiembre hasta ahora, que dejaba de estar vigente a final de año, ya que estaba vinculado a los Presupuestos catalanes de 2017.
Con respecto a los pagos, se reclama a la intervención general de la Generalitat una relación que incluya detalles sobre el acreedor, la entidad pagadora o la aplicación presupuestaria, entre otros conceptos, así como un certificado firmado por la interventora general o el órgano de control correspondiente asegurando que no se financia ninguna actividad ilegal. Además, de manera excepcional y previa solicitud de la Intervención General, Hacienda podrá autorizar transferir fondos a Cataluña con cargo a las entregas a cuenta del sistema de financiación o con cargo a una cuenta corriente de remanentes, para pagos que no puedan realizarse por el procedimiento anterior.
Todo deberá ir acompañado de los certificados que "garanticen el destino de los fondos". También deben acreditar su legalidad los pagos por medio de entidades de crédito contratadas, a través de una declaración responsable, igual que cuando se contrate o adjudique un bien o servicio.
