El 20 de diciembre de 2011 Mariano Rajoy era investido con la mayoría absoluta más abultada que el PP había conocido. Accedía a La Moncloa tras una travesía de siete años al frente de la oposición, y se encontraba, nada más acceder al cargo, un país casi en la ruina y al borde del rescate. La situación era tan grave que el nuevo presidente tuvo que acometer recortes y subidas de impuestos tan serios que algunos no le perdonaron que en campaña electoral se hubiera mostrado tan edulcorado (negando, incluso, que fuera a subir el IVA).
Sea como fuere, las medidas duras y contra su programa electoral funcionaron: España salió de cuidados intensivos, comenzó a reducir déficit y desempleo, volvió a crecer y, hoy encabeza el avance del PIB entre las grandes economías y es un socio internacional fiable. En el lado negativo se encuentran, sin duda, la ingente deuda, la cuestionable gestión de las pensiones y una política tributaria imprevisible basada en criterios electorales u órdenes de Bruselas por el déficit.
1. PIB y empleo, las grandes bazas
Si por algo puede sacar pecho el presidente Rajoy es por la marcha del PIB, que cerrará este año creciendo más del 3% por tercera vez consecutiva; y por la evolución del empleo de los últimos cuatro años, con una tasa de paro que, aunque elevada, se sitúa ya a casi 10 puntos de aquel terrible 26% que registraba en el año 2012. Es difícil achacar el cambio a una sola decisión: está claro que la reforma laboral introdujo dinamismo a un mercado rígido, y si bien ha dejado víctimas por la creciente desigualdad, sí ha contribuido a generar nuevas oportunidades y desahogar a los empresarios.
De cara al renovado crecimiento español también fue clave que el Ejecutivo entendiera que, sin moneda propia con la que jugar, y sin otras palancas en las que asirse, el único camino viable para que el país recuperase competitividad era la devaluación interna. La contención de costes y salarios -que aún hoy se aprecia en las estadísticas- ha sido clave para que España haya recuperado terreno perdido.
2. El rescate financiero, la decisión más compleja
Si hay un mes que no olvidarán ni Rajoy ni su ministro económico, Luis de Guindos, es mayo de 2012, cuando Bankia, una de las principales entidades financieras del país, reconoce su quiebra. Días muy duros para un Ejecutivo que tuvo que recurrir a Europa y anunciar, en los primeros días de junio, un rescate a la banca de hasta 100.000 millones con el que reconocía su precaria situación y que a ojos de los mercados suponía situar al país a casi la misma altura que socios como Grecia, Portugal o Irlanda, socorridos con anterioridad.
Si bien la gestión de la crisis de Bankia fue cuestionable -provocó una fuga inversora sin precedentes en España-, la decisión de reconocer los males propios y la ayuda del BCE, con Mario Draghi a la cabeza contribuyeron a calmar poco a poco las aguas y sacar al sector bancario y todo el país del pozo en el que se encontraba.
3. El déficit, 'espada de Damocles'
Uno de los capítulos económicos más oscuros de la España reciente es el del traspaso de poderes entre José Luis Rodríguez Zapatero, que tenía que finiquitar 2011 con un déficit del 6%; y Rajoy, que al poco de acceder a La Moncloa anunció un desvío del 9 por ciento, con subidas de IRPF y recortes de 10.000 millones incluidas. Si bien Zapatero era el responsable último de las finanzas españolas, cabe recordar que el mayor exceso se produjo en las autonomías, muchas de ellas gobernadas por el PP (caso de Valencia). Sea como fuere, aquel punto de partida hizo que el déficit se convirtiera en la obsesión del presidente y de sus ministros, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos.
La reducción llevada a cabo es incuestionable y mérito del Gobierno, a punto de anotarse el tanto del cierre del procedimiento por déficit excesivo que Bruselas mantiene desde 2009. Pero en esa trayectoria hay alguna vergüenza: en 2015, un año en el que se rebajó el IRPF y se abrió la mano con el gasto, el desvío se situó en el 5,16%, 10.000 millones más de lo comprometido con la UE. A punto estuvo de costarnos una multa, sólo perdonada con promesas de ajustes posteriores.
4. Agenda reformista amplia
A favor del Gobierno también pesa su marcado carácter reformista hasta que el bloqueo político y la fragmentación parlamentaria se impusieron. Rajoy reformó las pensiones e introdujo el factor de sostenibilidad; dio contenido junto a Montoro a la Ley de Estabilidad, clave para contener el déficit y reconducir a las autonomías; avanzó en la reforma de las Administraciones con la Comisión CORA; ha cambiado el esquema de la contratación pública; y ha mejorado la situación de los autónomos, entre otros colectivos.
5. Deuda y pensiones, peor
De igual forma que se alaba el esfuerzo reformista de la primera legislatura de Rajoy, es difícil entender cómo el Gobierno no ha logrado, más allá de la revisión de 2013, introducir cambios para paliar el déficit de la Seguridad Social. El Ejecutivo se encontró la hucha de pensiones con 66.000 millones y la ha dejado con 8.095. Y todo ello, tirando de deuda pública -otro grave desequilibrio- y sin ser capaz de reducir el agujero del sistema, de 17.000 millones. Lo peor: el desacuerdo en el seno del Pacto de Toledo augura una herencia envenenada para quien suceda a este presidente.
6. El caos de los impuestos
Al Ejecutivo también le han tirado de las orejas por sus constantes cambios tributarios. Hace unos días la CEOE se quejaba de las sucesivas modificaciones de Sociedades, tributo al que se le ha bajado el tipo pero que ha sufrido cambios todos los años (los dos últimos, el restablecimiento de tipos en los pagos a cuenta y el endurecimiento a grandes empresas).
El IRPF subió más que nunca para luego bajar más de lo previsto: el IVA se incrementó y luego se suavizó a espectáculos; las tasas judiciales se crearon y luego desaparecieron; se jugó con la posibilidad de gravar las bebidas azucaradas, y se aparcó la idea; se anunciaron 500 millones de impuestos medioambientales que nunca llegaron... así hasta 50 grandes anuncios y cambios que han generado inseguridad en ciudadanos, empresas e inversores. Y todo ello sin acometer una seria reforma fiscal que la UE, el FMI y think tanks de toda ideología han reclamado a España por su notable ineficiencia en este ámbito.
