La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció ayer que planea limitar a 90 días anuales el alquiler de viviendas para uso turístico, fenómeno que ha crecido exponencialmente en los dos últimos años a través de plataformas como Airbnb, Homeaway y otras, y que ha provocado una preocupante burbuja inmobiliaria en zonas del centro madrileño como Malasaña, Lavapiés, Chueca, Cortes o Palacio.
Carmena, en un desayuno informativo, aseguró que los pisos que se alquilen menos de esos 90 días "seguirán catalogados como de uso residencial". Sin embargo, si se supera esa cota, los propietarios "tendrán que solicitar la licencia de establecimiento turístico" y pagar impuestos por ello. La medida afectaría, según sus datos, a más de 1.000 viviendas, cifra que a ojos del sector turístico se queda corta.
El Ayuntamiento, gobernado por Ahora Madrid, elaborará un censo y tratará de consensuar el desarrollo jurídico de una propuesta que afecta también a competencias autonómicas, pues es a la autonomía a la que habrá que solicitar las licencias. Sobre las posibles multas a quien incumpla la ley, Carmena aseveró que tratará de "consensuar" las mismas con los implicados, entre los que están el Gobierno de Cristina Cifuentes, las asociaciones de vecinos y las organizaciones turísticas, críticas con la alegalidad actual de Airbnb y otras plataformas.
La capital de España se suma así a la ola de regulación que se ha extendido sobre este fenómeno en toda Europa. Ámsterdam, Londres, París y Barcelona, entre otras, ya cuentan con normas sobre el alquiler de viviendas para uso turístico, con más o menos éxito en función del caso. En Madrid, sin embargo, resultaba chocante el silencio en torno a la cuestión, máxime cuando Ahora Madrid llevaba más de un año mostrándose partidaria de limitar el fenómeno pero no daba el paso. Fuentes del sector turístico madrileño achacan el retraso al "miedo a impedir que el ciudadano se gane un dinero extra y, por tanto, no vote al político de turno".
El anuncio de Carmena provocó ayer pocas reacciones por la "inconcreción" de la propuesta. Desde Exceltur, su vicepresidente José Luis Zoreda felicitó "las buenas intenciones" del consistorio pero prefirió mostrarse "prudente". "Hay que ver el desarrollo jurídico. La clave está en controlar que esas plataformas cumplan las leyes", insistió, recordando que será difícil que las autoridades puedan vigilar límites como el de los 90 días. "¿Cómo van a saber el dato si un propietario alquila 85 días en Airbnb y otros 80 en otro portal?", manifestó a este periódico, recordando que propuestas similares "han fracasado en Ámsterdam o San Francisco".
Asociaciones como AEHM, de hoteleros de Madrid, guardaron silencio, si bien recordaron que encuestas recientes mostraban una proliferación de plazas en alquiler turístico del 1633 por ciento en este tipo de viviendas.
Contener los precios
El objetivo del Ayuntamiento es, a ojos de asociaciones de vecinos y sector turístico, un intento de poner coto al espectacular auge inmobiliario que se vive en el centro de la ciudad. "Se está echando a la gente de su entorno. Se les incrementa el alquiler y se tienen que ir. Negocios tradicionales desaparecen. Llegan inversores y pagan al contado por pisos que después destinan al alquiler turístico", esgrimen desde estos ámbitos.
Los datos parecen darles la razón. Ayer mismo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) puso de relieve como la compra y venta de viviendas creció en la ciudad de Madrid un 50 por ciento, el incremento más elevado de España. Respecto al precio, la región también refleja la subida más intensa del país, del 12,3 por ciento anual. Mientras, el alquiler se ha convertido en misión imposible para rentas bajas y medias en los barrios del centro de la capital. Una búsqueda rápida en el portal Idealista demuestra que entre los distritos Centro, Chamberí y Arganzuela solo hay 13 pisos por 600 euros al mes o menos.
