El acuerdo entre Reino Unido y la UE para desbloquear el divorcio contiene más ambigüedades que certidumbres, pero una conclusión es innegable: las concesiones aceptadas por Theresa May para facilitar las conversaciones en materia comercial apuntan a un Brexit blando. Las líneas rojas trazadas antes incluso de haber pulsado el botón de salida, la mayoría impuestas por el núcleo duro anti-UE, han dado paso a un escenario que no descarta para la segunda economía continental un "alineamiento regulatorio" con un mercado único sobre el que carecerá de voz y de voto.
Transcurridos casi 18 meses del referéndum, la primera ministra británica ha comprendido que no está ante una negociación, sino bajo el peso de la testaruda realidad. Si quiere que el proceso avance, debe aceptar las normas de juego existentes, o Bruselas considerará la partida nula y Reino Unido se adentraría en lo desconocido sin un armazón que dirija su futura relación con su principal socio comercial, el mismo al que dedica la mitad del total de sus exportaciones.
Este entendimiento fue el catalizador último de que May tomase un avión en plena madrugada del viernes para rubricar con la plana mayor comunitaria un documento de intenciones que da paso al verdadero desafío de una misión, el Brexit, que retará la imaginación de sus protagonistas. Como Donald Tusk se encargó de recordar, "romper es difícil, pero más difícil todavía es romper y establecer una nueva relación".
De momento, los compromisos acatados por May permitirán que el Consejo de la UE de esta semana autorice formalmente la transición a la negociación comercial, pero su redacción constituye tan solo el principio. La buena voluntad contenida en las 15 páginas que actúan como punto de partida para la nueva fase deberá materializarse en la práctica y, con ello, dar respuesta a incógnitas que podrían desencadenar una guerra civil ya no solo entre los conservadores, sino en un dividido Parlamento, que en última instancia podría coincidir en rechazar el acuerdo final, eso sí, por motivos contrapuestos.
Solución buena para la UE
Para empezar, sorprende que una formación hasta ahora dividida entre Brexit duro, o blando, haya aceptado una solución que claramente apunta a este último: Downing Street habla de una factura de unos 45.000 millones de euros, una cifra que cuestiona la ambición de detener la remesa de dinero a Bruselas; el Tribunal Europeo de Justicia seguirá siendo "competente" para los ciudadanos comunitarios en suelo británico y Reino Unido podría mantener un modelo equivalente al mercado común y a las estipulaciones de la unión de aduanas, pese a haber abandonado ambos.
La pregunta es cómo May logrará convencer a los eurófobos con los que comparte gabinete y a decenas de diputados tories pro-Brexit que, desde el viernes, han mostrado una inusitada pleitesía. La clave hasta ahora ha sido la ambigüedad: lo consensuado admite interpretación, por lo que el bastión anti-UE estaría aguardando por concreciones antes de desafiar una fórmula que, inevitablemente, mantendrá lazos con Bruselas.
Su beligerancia no es la única que atenaza a la premier, que también está obligada a complacer a los unionistas norirlandeses de los que depende para su supervivencia política: su influencia se dejó notar la semana pasada cuando torpedearon el principio de acuerdo y, posteriormente, en un documento que recoge expresamente el compromiso con la "integridad constitucional" de Reino Unido.
