El Gobierno británico ha evidenciado la confusión dominante y su palpable falta de preparación ante la salida de la Unión Europea, un desafío para el que, según anunció ayer el ministro para el Brexit, no ha preparado ningún análisis sobre el impacto económico.
A pesar de que, hace un año, había anunciado un estudio en profundidad acerca de los efectos sobre 57 sectores productivos clave, David Davies reconoció ayer en comisión parlamentaria que los informes no existen, dado que, en su opinión, su utilidad sería "próxima a cero".
Tras semanas de controversia por su reticencia a hacer entrega de los mismos a los diputados, el jefe del departamento al frente del divorcio ha revelado la mínima anticipación de un Ejecutivo que no ha discutido siquiera a qué relación aspira con el bloque comunitario una vez navegue en solitario.
Así lo admitió también el ministro del Tesoro. En plena carrera por cerrar un acuerdo que permita al Consejo de la UE autorizar la próxima semana la transición a la segunda fase del proceso, la del análisis del futuro encaje comercial, Philip Hammond envalentonó a su partido al declarar que Londres abonará lo que le corresponda por la ruptura, independientemente de que se alcance consenso en torno a la nueva relación.
Su postura contrasta con la del núcleo duro anti-UE, que supeditaba el pago a la satisfacción británica con el arreglo final, por lo que Downing Street desdijo al titular del Tesoro. Además, el portavoz de la primera ministra aseguró que el Gobierno debatirá el "estado final" al que aspira para el postbrexit antes del parón navideño, independientemente de lo que ocurra en la cumbre comunitaria de la semana que viene.
