Como un mantra, Álvaro Nadal, ministro de Energía, insiste en sus intervenciones en que quiere una energía barata porque es imprescindible para la productividad y la competitividad de las empresas, una de las claves de la recuperación económica del país. Suele repetir que el Gobierno hizo cuatro reformas para salir de la crisis: financiera, laboral, energética y tributaria. Y aunque la reforma energética ya empiece a estar lejana en el tiempo, su Ministerio sigue actuando con la clara intención de contener y reducir los costes energéticos de las empresas y los hogares.
Nadal también acostumbra a recordar que poco puede hacer cuando no llueve y la barata hidroeléctrica tiene que sustituirse con más carbón o más gas, o cuando Rusia y Arabia Saudí se ponen de acuerdo para recortar la producción de hidrocarburos y subir los precios. Y advierte de que su margen de maniobra se restringe al ámbito regulado de los mercados energéticos.
Pero dentro de ese margen, el ministro ha hecho varios cambios relevantes desde la punta de precios registrada en invierno del año pasado -se dice que la tiene entre ceja y ceja-, tanto en el ámbito gasista como en el eléctrico.
Creadores de mercado
Las medidas en el mercado gasista benefician especialmente a la industria, que consume alrededor del 65 por ciento del hidrocarburo, e inciden también en la electricidad, porque el precio de este segundo mercado suelen fijarlo las centrales de gas, los ciclos combinados.
Para que bajen los precios del hidrocarburo, el Ministerio quiere incrementar el volumen y la liquidez del mercado mayorista de gas, MibGas. Desde su nacimiento, a finales de 2015, decidió que los gases técnicos -permiten que opere el sistema- debían negociarse en él, y, en medio de la citada punta de precios del pasado invierno, obligó a los operadores dominantes del sector, Gas Natural Fenosa y Endesa, a actuar como creadores de mercado, sumándose en la tarea al creador de mercado voluntario. Hay normativa aún pendiente de aprobar, pero ambas compañías negociarán hasta prácticamente el doble del volumen de MibGas durante el año pasado.
En MibGas ya se negocia más del 6 por ciento de la demanda nacional de gas, algo muy notable, por su juventud y por el tipo de aprovisionamiento hispano -basado en contratos de suministro a largo plazo-, que facilita la relación bilateral entre los agentes.
También se ha aumentado el volumen de gas de los almacenes subterráneos, comprándolo cuando estaba barato. Y esta misma semana se ha subido en un 75 por ciento las reservas de los grandes usuarios -incluidos los ciclos combinados de gas- para dificultar su desabastecimiento y evitar que presionen al alza la evolución de los precios.
Otras actuaciones
La congelación de los peajes eléctricos para el año que viene -es el cuarto ejercicio consecutivo en que la parte regulada del recibo, casi la mitad de su importe, no se incrementa- es una de las medidas más relevantes, pero ha habido más. Una de ellas ha sido modificar la Ley para dedicar el superávit de los últimos ejercicios -más de 1.000 millones de euros- a tapar los agujeros causados por sentencias judiciales, como la que ha exigido devolver a las eléctricas unos 500 millones del bono social, sin tocar la factura final.
Por cierto, que Nadal suele contar también la nueva regulación del bono social entre sus haberes de los últimos tiempos. Aunque no se trata de una actuación orientada a reducir el precio de la luz a los consumidores, no cabe duda de que ha incrementado la protección a los más pobres -no pagarán o pagarán un 40 por ciento menos- y ha introducido unos criterios de renta que lo mejoran en relación a sus modalidades precedentes, aunque no se apliquen ni a pensionistas ni a familias numerosas.
Otra actuación relevante y reciente es facilitar que la interrumpibilidad -la posibilidad de cortar el suministro a grandes industrias a cambio de una retribución- se pueda aplicar con más facilidad en el caso de que haya precios excesivos. Con la nueva normativa, los cortes de energía, antes absolutamente excepcionales, deberían suceder alrededor de un 5 por ciento de las horas del año.
Volcado en la interconexión
La prioridad en el abaratamiento de los precios tiene también una vertiente europea. España es una isla energética y la escasez de interconexiones con el resto de Europa tiene un coste, que el ministro ha cifrado, solo en la electricidad, en 1.200 millones anuales.
Pues bien, el eje de la posición negociadora de España en relación a la próxima regulación comunitaria para alcanzar los objetivos de clima y energía de 2030 consiste en que se tenga en cuenta esa falta de interconexión para introducir excepciones a las nuevas obligaciones y, en última instancia, presionar a Francia para que facilite la ejecución de los proyectos previstos: tres de electricidad -uno ya en marcha- y otro de gas.
En parte por estas medidas, Nadal es optimista: "Encaramos el año que viene en mejores condiciones que las de este año" y apunta que "en noviembre hemos tenido precios mejores que Francia, Italia y que buena parte de los países europeos".
