El sistema del Concierto Económico vasco es un gran desconocido, a pesar de estar en vigor desde 1981, venir recogido en la Constitución española y ser una materia sometida a control parlamentario en las Cortes Generales, por doble vía: por su exclusiva aprobación en Congreso y Senado en forma de leyes y porque cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) se especifican las cantidades que Euskadi ha de pagar al Estado en concepto de Cupo, presupuestos que como todas las leyes son examinados, negociados y aprobados en las Cortes y después fiscalizados por los grupos políticos. | El Congreso aprueba el nuevo Cupo vasco.
Pero este desconocimiento sobre todo lo que rodea a la financiación, no es exclusivo del sistema del Concierto Económico vasco o el Convenio Navarro, es igualmente extrapolable al conjunto del sistema de Financiación Autonómica de Régimen Común, el que se aplica en las comunidades autónomas no forales, que además de la base general hay toda una serie de particularidades por autonomías, además de mecanismos de compensación y ayudas financieras para pago a proveedores, financiación de exceso de endeudamiento, etc., para aquellas comunidades autónomas que se encuentran con problemas de financiación.
Tratando de simplificar al máximo, el Concierto económico es el marco legal, el sistema que recoge las competencias financieras y tributarias vascas, en base al cual Euskadi recauda la mayoría de los tributos, tiene competencias normativas en los impuestos directos (no así en los indirectos) y con esos fondos ha de pagar el Cupo al Estado y financiar todos los gastos del Gobierno vasco, de las tres Diputaciones Forales y de los 250 ayuntamientos.
La Ley de Cupo es el sistema -complejo sistema, hay que reconocer, que debiera clarificarse para desterrar dudas de si es equitativo o no- que se utiliza para calcular la base de la cifra a pagar por Cupo, ley que tiene una vigencia quinquenal, por lo que está sujeta a revisión, aunque su actualización siempre se produce con retraso, ya que requiere de un acuerdo entre las Administraciones vascas y central, materia que nunca ha sido fácil y que en el caso actual se ha cerrado con siete años de retraso. Por tanto, no estamos ante una reforma y acuerdo exprés.
El lado brillante del Concierto y el Cupo vasco es la capacidad que Euskadi tiene para recaudar la práctica totalidad de los impuestos y, por ello, no depende de las transferencias del Estado para poder sufragar sus gastos. Pero como todo en la vida, tiene también sus inconvenientes, que son también unos grandes desconocidos.
Por ejemplo, la primera obligación de pago que ha de asumir la Administración vasca es el abono del Cupo, antes incluso que sufragar sus propias necesidades. Pero es que, además, la cifra de Cupo a pagar cada año se fija en los Presupuestos Generales del Estado, independientemente de si a Euskadi le ha ido bien o no la recaudación. Se da la circunstancia de que si el Gobierno decide incrementar el presupuesto nacional de las competencias que Euskadi no tiene asumidas, la Comunidad Autónoma vasca habrá de hacer frente al incremento de pago de esas partidas. Por ejemplo, si se incrementa el presupuesto para Defensa, Euskadi deberá también pagar más.
Otro factor desconocido del Concierto es lo que se llama "riesgo unilateral", que, traducido, significa que no hay posibilidad de rescate financiero si le van mal las cuentas a Euskadi.
El Concierto y el Cupo obligan a las Administraciones vascas a una gestión extremadamente prudente de los recursos económicos, ya que si descienden los ingresos fiscales no hay una vía alternativa de ingresos. Por poner ejemplos claros, si a Euskadi no le cuadran los números no puede recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), tampoco se puede sujetar al Plan de Pago de Proveedores, ni al Fondo de Facilidad. Este tipo de mecanismos, creados por el Gobierno central a raíz de la crisis económica y de los problemas financieros de las autonomías, han supuesto desde 2012 una inyección económica esas comunidades de más de 200.000 millones de euros.
El "riesgo unilateral", el no saber si tus ingresos fiscales van a ser suficientes para poder financiar todos tus gastos, fue uno de los motivos por los que a principios de los años 80 los negociadores catalanes rechazaron la extensión del modelo del Concierto a Cataluña, como documenta el prestigioso abogado y economista Pedro Luis Uriarte (uno de los negociadores del Concierto en 1981) en su libro "El Concierto Económico Vasco: una visión personal".
Este principio de "riesgo unilateral" es el que determinó en 2008 que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la legalidad europea del Concierto vasco. Para el Tribunal, las normativas vascas generales no constituyen ayudas regionales, porque si una rebaja de impuestos vasca desencadenaba una merma de ingresos, éstas autoridades vascas no podían pedir financiación adicional al Estado español. Hoy en día, los impuestos en Euskadi son más altos que en otras autonomías.
