Las exigencias de la Agencia Tributaria (Aeat) a las plataformas digitales de compraventa de productos de segunda mano y de alquiler vacacional han saltado de las propias obligaciones mercantiles de estas compañías a poner el foco en sus usuarios.
Sin embargo, debido a la cantidad de datos y anuncios que se manejan en Internet y el propio mecanismo de las aplicaciones, la Inspección tendrá dificultades para demostrar la venta y deberá centrar sus esfuerzos en aquellos particulares que hagan negocio con el beneficio que obtienen a través de estas herramientas.
Una vigilancia complicada
Los expertos opinan que será "muy difícil" que Hacienda cerque a los usuarios de plataformas digitales, como Wallapop o Ebay. "El control de estas ventas es muy difícil y exigiría una carga de inspectores brutal", explica el fiscalista Esaú Alarcón, profesor de la Universidad Abat Oliba CEU.
Además, Alarcón subraya que lo que la Agencia Tributaria ya está haciendo es pedir información sobre la operativa de las plataformas. Sin embargo, muchas de ellas no gestionan los cobros, solo sirven como mecanismo de anuncio. "Es muy difícil que la Agencia pueda comprobar si un producto se ha vendido o no, ya que ni las propias plataformas lo saben", apunta.
Es el caso de sitios de Internet como Wallapop o Segunda Mano. Precisamente, Wallapop ha asegurado a elEconomista que "no ha facilitado, ni tiene obligación de hacerlo con la legislación actual, ningún dato sobre las actividades de los usuarios a la Agencia Tributaria". En este sentido, ha insistido que "seguirá operando del mismo modo, fomentando un consumo sostenible y entre personas y no habrá cambios de ningún tipo en la aplicación".
El especialista Esaú Alarcón asegura, a este respecto, que obligar a estas plataformas a darles información "sería cambiar su mecanismo de trabajo, lo que es prácticamente inviable". Por todo ello, el fiscalista pide "tranquilidad" a aquellos usuarios que hacen "un uso normal" de estas aplicaciones.
Sin embargo, otro asunto distinto es el de aquellas personas que usan las plataformas para hacer negocio con ellas. "Esos sí pueden tener problemas", asegura Alarcón. "Hay gente que se convierte en auténticos vendedores profesionales", argumenta.
La complicación de la Agencia Tributaria para investigar las actividades de los usuarios aumenta en las diferentes plataformas de economía colaborativa. José Luis Zimmermann, director general de Adigital, la asociación española que integra a diferentes compañías basadas en la economía digital asegura que Hacienda "no ha introducido nada nuevo".
Zimmermann distingue entre las plataformas que también gestionan el cobro con las que no lo hacen. "Estas no son más que tablones de anuncios", apunta. Zimmermann asegura que la inquietud que hay en su sector es "que no se entiendan bien nuestros modelos". El director general de Adigital señala que esta situación podría dar lugar a una hipotética futura legislación que deje al comercio electrónico en una situación "poco ordenada". Además, Zimmermann destaca la transparencia que hoy en día ofrecen las plataformas digitales, ya que sus operaciones son fácilmente trazables.
Esto no parece haber parado las ganas de rastrear de la Aeat. Hacienda ya tenía previsto este año incrementar su vigilancia de la Red. El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero elaborado por el Ministerio ya anunció que durante 2017 se produciría "la potenciación de las herramientas a disposición de la Inspección Tributaria mediante la ampliación de la información disponible sobre los obligados tributarios con indicadores propios de las redes sociales". En concreto, Hacienda asegura que desarrolla ya "un análisis y explotación de la información disponible en Internet que permita descubrir actividades o rendimientos ocultos o el tráfico ilícito de bienes".
Alquiler vacacional en la lupa
Otra suerte corren las nuevas plataformas que ofrecen alquileres vacacionales. Sus usuarios ya están bajo el control de la Agencia Tributaria. En este sentido, Hacienda exigirá datos de los alquileres a partir del 1 de enero.
El fisco busca la obligatoriedad para que los intermediarios en un fenómeno tan de moda como es el alquiler de viviendas turísticas tengan que informar con detalle y de forma periódica a la Aeat sobre su actividad, los datos de las viviendas arrendadas, los pagos, los días empleados en cada operación y, no menos importante, quiénes son los dueños de las citadas viviendas. Así se establece en el proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección.
