El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió ayer a última hora de la noche ordenar prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell; y prisión eludible bajo el pago de 25.000 euros para otros cuatro miembros de la Mesa, Lluis Corominas, Lluis Guinó, Ramona Barrufet y Anna Simó.
Se distancia así de las medidas tomadas por la juez de la Audiencia, Carmen Lamela, que la semana pasada envió incondicionalmente a la cárcel a los ex miembros del Govern que no habían huido a Bélgica.
La decisión de Llarena, que en esta ocasión no aceptó la petición de prisión incondicional que había solicitado Fiscalía varias horas antes para Forcadell, Corominas, Guinó y Simó marcará, de hecho, el modo en que se juzgará a todos los promotores del procés, incluso a los que están siendo investigados -al no ser aforados- por la Audiencia Nacional.
La posibilidad de que el Supremo acabe aglutinando también la causa por la que se juzga al ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y al resto de ex consejeros en prisión, ha ido cobrando cada día que pasa más fuerza en el ámbito de la judicatura.
Cambio de estrategia
Llamativo y notorio fue que tanto Forcadell como el resto de miembros de la Mesa del Parlament se decidieran a contestar, desde por la mañana, a las preguntas de la Fiscalía, y no únicamente a la de sus abogados defensores. Contrastó con la estrategia seguida por los miembros del extinto Govern enviados a prisión la pasada semana por la juez Carmen Lamela, quienes en el ejercicio de sus derechos solo contestaron a sus letrados.
La excepción entonces fue el ex conseller de Empresa Santi Vila, que sí contestó a todas las partes, y que finalmente pudo evitar la cárcel tras depositar una fianza de 50.000 euros. Aún así, él había dimitido un día antes de que sus ex compañeros de gobierno catalán proclamasen la República en la Cámara.
La presidenta del Parlament aceptó explícitamente, según fuentes jurídicas, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y llegó a decir que la declaración de independencia era "simbólica" y meramente "declarativa". De igual manera, y durante su declaración, que se prolongó por espacio de dos horas y cuarto, justificó el hecho de que se llevasen al pleno tanto las leyes de desconexión como la declaración de independencia porque, en su posición, entendía que no se debía cercenar ningún tipo de debate.
Estrategia parecida siguieron otros cuatro miembros de la Mesa de la Cámara catalana: Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, la única de los cinco que se libró de la petición fiscal de prisión incondicional (podrá eludirla bajo el pago de una fianza de 50.000 euros, similar a la abonada por Santi Vila).
Barrufet, de hecho, fue más explícita que el resto y rechazó la unilateralidad en el camino a la independencia, lo que sirvió para que Fiscalía no demandase prisión incondicional para ella. Eso llevó a Forcadell, Corominas, Guinó y Simó a utilizar su último turno de palabra ante el juez para rechazar igualmente la vía unilateral, según esas mismas fuentes jurídicas.
Joan Josep Nuet, de CSQP, aportó pruebas durante su testimonio -el último de la jornada- encaminadas a demostrar que él no apoyó la tramitación de la declaración unilateral de independencia (DUI). Pruebas que fueron aceptadas por Fiscalía, que decidió solicitar para él la libertad sin cargo alguno, y que en último término aceptó el juez Llarena.
Decenas de medios de comunicación siguieron en directo, a las puertas del Tribunal Supremo, la intensa jornada judicial, que coincidía con día festivo en Madrid. Pese a todo, en esta ocasión no se produjo altercado alguno, ni siquiera cuando los representantes del Parlament llegaron al Alto Tribunal antes de las 9 de la mañana.
