El año 2017 se perfilaba como uno muy positivo para la evolución de la deuda pública. La menor dependencia autonómica de los fondos de liquidez de Hacienda, demostrada por la reducción del déficit y la captación de casi 16.500 millones por parte de las regiones en los mercados durante el primer trimestre, parecía un buen síntoma: el Tesoro tendría que captar menos dinero. Sin embargo, el préstamo del Estado a la Seguridad Social para afrontar el pago de las pensiones, por valor de 10.192 millones de euros, ha frustrado esos planes.
El incremento del pasivo en 2017 sumará un total de 38.000 millones, algo reconocido por el propio Gobierno en el plan presupuestario remitido a Bruselas hace ahora dos semanas. A final de año, la deuda se situará en 1,145 billones de euros frente a los 1,107 del ejercicio precedente. Un incremento del 3,4% que, además, pone de relieve cómo ese pasivo avanza más deprisa que la propia economía, que lo hace al 3%.
Se trata del mayor repunte en tres años, y si bien no es mucho más cuantioso que en ejercicios precedentes (en 2015 fue de 30.000 millones y en 2016, de 35.000 millones), resulta preocupante. Sobre todo porque el Pacto de Toledo parece incapaz de llegar a acuerdos que reformen el sistema de financiación de la Seguridad social, algo que, salvo sorpresa, conllevará un nuevo préstamo el próximo año posiblemente por más valor incluso que el de 2017.
Cabe recordar en este punto que la famosa hucha, que cuenta con poco más de 11.000 millones, apenas serviría para abonar una de las dos pagas extraordinarias que perciben los casi 9 millones de pensionistas, pero el Gobierno no tiene la más mínima intención de pasar a la historia como el que vació una caja que llegó a albergar casi 70.000 millones.
A ese escenario se le suma el bloqueo en la reforma de la financiación autonómica, que aboca a Hacienda a habilitar de nuevo el Fondo de Liquidez FLA, para autonomías que incumplan el límite de déficit de este año; y la Facilidad Financiera, para aquellas que respeten el tope del 0,6% pactado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Es previsible, por tanto, que en 2018 el pasivo vuelva a incrementarse al mismo nivel, bordeando los 40.000 millones de euros. Se situará así cerca de los 1,2 billones de euros, si bien en porcentaje, y por efecto del crecimiento económico, continuará reduciéndose. De hecho este año, y pese a que su avance ha sido mayor al de 2015 y 2016, bajará del 99 al 98 por ciento, el menor porcentaje desde 2012.
La deuda sustituye al déficit
Pese a que esa ratio de deuda sobre PIB tiende a la baja, que el volumen del pasivo continúe aumentando no sienta nada bien en Bruselas. En un encuentro con periodistas hace ahora un año, la Comisión reconocía que España será protagonista de una vigilancia parecida a la sufrida a consecuencia del déficit; y deberá comprometerse a una reducción paulatina anual del 5% del agujero arrastrado.
Esa revisión se llevará a cabo bajo la tutela del llamado procedimiento preventivo, que se activará en cuanto nuestro país sea propuesto para abandonar el procedimiento por déficit excesivo. Ese escenario puede no estar tan lejos: el desvío presupuestario va camino de bajar incluso del 3,1% pactado con las instituciones europeas y no es descartable que, ante tan escaso margen, baje alguna centésima del tres por ciento a finales de este mismo año.
Este extremo ni siquiera suena extraño en el seno de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), quien no obstante cree que las ayudas a la banca serán decisivas en este punto: "El Gobierno limita su impacto a una décima del PIB en su plan presupuestario, por lo que no es descartable que sin ayudas al sector financiero el déficit baje del 3% y con ellas, lo supere levemente. Está por ver qué criterio puede seguir Bruselas", admiten fuentes del organismo que preside José Luis Escrivá.
De cualquier manera, el porcentaje de deuda sobre PIB de España continúa siendo el quinto más elevado de toda la UE tras los de Grecia, Italia, Portugal e Irlanda, y es citado por el FMI como el gran reto macroeconómico al que se enfrenta nuestro país a medio plazo junto al elevado desempleo.
Esa situación se produce en un momento en el que las instituciones comunitarias se plantean ir más allá respecto a los límites de estabilidad de déficit y deuda que habían fijado hasta ahora, del 3% y el 60% del PIB respectivamente. Un renovado compromiso con las finanzas saneadas que llega justo cuando los Veintiocho han logrado, globalmente, dejar el desvío presupuestario bajo control; pero padecen aún un pasivo que supera en 20 puntos los límites legales.