Los países de la UE buscan contrarreloj un acuerdo sobre trabajadores desplazados

Luxemburgo, 23 oct (EFE).- Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE) buscan cerrar esta noche un acuerdo sobre las nuevas normas para los trabajadores desplazados, un consenso que, tras casi doce horas de negociación, se les resiste por las demandas relativas al sector del transporte.

Los titulares de Empleo aún ven el acuerdo posible, por lo que seguirán trabajando en las próximas horas para cerrar todos los detalles, según fuentes diplomáticas.

Los Veintiocho buscan encontrar una posición común que les permita emprender la negociación final con el Parlamento Europeo sobre la revisión de la directiva que se aplica a aquellos trabajadores que son enviados por sus empresas a otros países de la Unión para prestar un servicio durante un tiempo determinado.

La Comisión Europea (CE) puso sobre la mesa en marzo de 2016 una propuesta que pasaba por igualar el salario de estos trabajadores a los locales y limitar a veinticuatro meses los desplazamientos sin que se apliquen las normas laborales del destino, entre otra medidas.

El objetivo es acabar con el "dumping social", es decir, la competencia desleal que se genera cuando los salarios y costes laborales de los desplazados son menores que los de los empleados locales y con las prácticas abusivas que se derivan de ello.

Sin embargo, durante meses los países han sido incapaces de encontrar un acuerdo por la división entre los partidarios de una norma incluso más restrictiva -Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Holanda- y los que pedían primar la libertad de circulación en aras de la competitividad.

Entre estos están España, Portugal, Irlanda, Hungría, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria, que demandan en particular excepciones para el transporte internacional, al considerar que se trata de una actividad "móvil" por naturaleza.

En concreto, pedían que se fijase un umbral de forma que durante los primeros días de desplazamiento -entre cinco y diez, según las diferentes propuestas nacionales- los empleados del sector del transporte internacional y el cabotaje no estuviesen sujetos a las reglas para trabajadores desplazados, sino exclusivamente a las de su país de origen.

La ministra española de Empleo, Fátima Báñez, defendió en el debate con sus homólogos europeos la necesidad de encontrar "soluciones específicas" para el sector, pero mostró su disposición a hallar compromisos "equilibrados".

En este contexto y ante la negativa de varios países a introducir un umbral, Francia y España presentaron una propuesta para salvar las diferencias entre sus respectivos bloques.

Plantean que, a través de una declaración de la Comisión Europea, se garantice que las normas para trabajadores desplazados no se aplicarán al transporte por carretera hasta que entre en vigor el denominado "Paquete de Movilidad", un conjunto de regulaciones específicas para el sector que se presentaron en junio y aún deben ser negociadas por los titulares de Transporte.

La idea fue acogida con reticencias, en particular por el Grupo de Visegrado -Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Polonia- cuyos responsables de Empleo consideraron que la declaración no ofrece suficiente "claridad" al sector, pero los ministros continúan trabajando sobre ella como base para alcanzar un acuerdo.

Como ha recordado el ministro de Empleo estonio, Jevgeni Ossinovski, "nada está acordado hasta que todo está acordado", por lo que para encontrar un pacto final quedan otras dos cuestiones por resolver.

La primera, es el tiempo máximo de desplazamiento: las posiciones iniciales de los países oscilan entre los veinticuatro meses que proponía la Comisión, plazo considerado "razonable" por España y un "mínimo" por los países del Este, y los doce meses que defienden Francia o Italia.

La última propuesta de la presidencia estonia de turno de la UE proponía fijarlo en veinte meses, pero fuentes europeas aseguran que acabará siendo menor.

La segunda, a priori menos conflictiva, es el periodo que tendrán los Estados para empezar a aplicar las normas, donde las propuestas oscilan entre los dos y los cinco años.

Pese a todo, los países han logrado ponerse de acuerdo en un principio esencial: con las nuevas normas los trabajadores desplazados deberán cobrar lo mismo que los locales, incluidas primas y pagas extra, y no solo el salario mínimo del lugar de destino como marcan las reglas vigentes.

Según los últimos datos de la CE, el número de trabajadores desplazados aumentó un 45 % entre 2010 y 2014, hasta 1,9 millones en toda la UE, y aunque representan menos del 1 % de todo el mercado laboral comunitario, su suerte es un tema políticamente sensible en el continente.