Ante la incertidumbre generada por la incapacidad de las instituciones para finiquitar el conflicto en Cataluña, las empresas han puesto en marcha sus particulares planes de contingencia, que se han traducido en una fuga de compañías de la comunidad autónoma sin precedentes.
Este periódico ha querido testar los ánimos al tejido empresarial nacional ante la respuesta del Gobierno central al desafío de la Generalitat. Si bien a título personal prefieren no hacer valoraciones, sus representantes cierran filas en defensa de la legalidad y de la Constitución, la cual consideran susceptible de ser modificada, siempre y cuando se consensúen cambios en beneficio de todos, que no sirvan de acomodo al nacionalismo.
Las patronales se pronuncian con reticencia respecto a la eventual puesta en marcha del artículo 155 de la Carta Magna, que supondría la intervención de la autonomía. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) afirman que si los políticos pusieran esa opción sobre la mesa, "los empresarios trataremos de ayudar para que esas soluciones sean útiles y sirvan para resolver la situación". Insisten en que "lo primero es el respeto a la Ley y a la Constitución" y "cualquier salida a este conflicto debe estar enmarcada en nuestro ordenamiento jurídico".
El presidente de la patronal madrileña, Juan Pablo Lázaro, asegura que Ceim "apoyará cualquier fórmula que cumpla con la ley y el Estado de Derecho", porque estamos en el momento "más crítico de la democracia" y las consecuencias, advierte, "podrían ser nefastas".
Preguntado sobre el éxodo de las empresas de Cataluña, Lázaro descarta que sea beneficioso para Madrid. "Es una malísima noticia", lamenta, porque genera una "inestabilidad tremenda" en el marco regulatorio de cara a los inversores internacionales. Dicho esto, manifiesta su respeto a los empresarios que decidan trasladar su sede y agradece que se busquen "fórmulas" para facilitar la salida.
En territorio catalán, las posturas en relación al 155 están divididas. Mientras la patronal de las py- mes, Pimec, se limita a defender el diálogo y la mediación, Empresaris de Catalunya mantiene que "el Estado dispone de herramientas políticas y jurídicas estrictamente democráticas" para "garantizar el mantenimiento de las libertades y el orden público". Esta defensa velada de la intervención de Cataluña contrasta con la negativa de la patronal Cecot. A la pregunta ¿son partidarios de aplicar el artículo 155? su secretario general, David Garrofé, responde: "No, constataría el fracaso del diálogo". A su juicio, "todavía estamos a tiempo de reconducir la situación". Una opinión que no comparte el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita. "Ya es tarde", sentencia. Ahora "toca esperar" y ver "qué camino toma la Generalitat para, entonces sí, actuar de acuerdo a la ley".
Su homólogo autonómico de CEOE, Fernando Callizo, está de acuerdo con el uso de "todos los instrumentos legales disponibles", entre ellos, el presidente de la patronal en Zaragoza, Ricardo Mur, se refiere al 155 como "uno de los mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico establece para estos supuestos", aunque pone en duda la "idoneidad" de su aplicación "en virtud de las circunstancias".
Por su parte, el presidente de la patronal de Castilla y León, Santiago Aparicio, se posiciona explícitamente a favor de dar luz verde a este polémico e inexplorado -nunca se ha aplicado- artículo y argumenta que "el desafío independentista no les puede salir gratis".
En esta línea, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, no descarta esta opción, pero "sólo siempre y cuando haya una declaración unilateral de independencia; si no, no". Navarro cree que ya se están viendo "banderas blancas".
En cuanto a los empresarios gallegos, han declinado posicionarse, al igual que la primera organización patronal catalana, Fomento del Trabajo, que no hará declaraciones hasta el lunes, cuando ha convocado una reunión extraordinaria de su comité ejecutivo para "analizar la situación política e institucional".
Si en algo coinciden los representantes de los empresarios españoles es en el apoyo al Gobierno en la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, si bien 40 años después de su aprobación, admiten modificaciones de la Carta Magna, siempre y cuando se alcance un amplio nivel de consenso, se dé encaje a otras cuestiones, no solo a la situación en Cataluña, y no se favorezca a unas comunidades autónomas frente a otras, ni se convierta "el incumplimiento de la ley en moneda de cambio para primar a unos territorios y ciudadanos sobre otros", reclama Callizo, de CEOE Aragón.
Si el turismo estornuda...
La economía se constipa. A la estampida empresarial por temor a las consecuencias de la deriva secesionista se suma la inestabilidad en unas calles, las catalanas, que acogen a millones de turistas extranjeros cada año. No en vano, el turismo aporta el 12 por ciento del PIB de Cataluña y da trabajo al 14 por ciento de su población activa.
Unas cifras en juego, habida cuenta de que el sector turístico catalán se ha visto amenazado los últimos meses por la huelga en El Prat, los atentados en Barcelona y el fenómeno de la turismofobia. Al cóctail se suma ahora la posible declaración unilateral de independencia.
Esta misma semana el Gobierno ha alertado del riesgo para el sector turístico por la falta de estabilidad que ha generado el procés. El peligro de contagio de un eventual bajón en esta comunidad autónoma al resto de España es elevado.
