El Gobierno ha aprobado un decreto ley que facilitará y simplificará la movilidad de empresas en el territorio nacional sin necesidad de que organicen una junta de accionistas. Esta medida podría favorecer la salida de empresas como CaixaBank que tiene una mayor rigidez en sus estatutos para cambiar su domicilio social. | Fuga de empresas de Cataluña: Banco Sabadell, Oryzon, Naturhouse, Eurona, Dogi...
Es una medida ayudaría a empresas como CaixaBank, que tiene unos estatutos que no permiten el cambio de sede con solo un acuerdo del consejo de administración, y tiene que ser sometido a la junta de accionista. El propio ministro de Economía ha reconocido que este cambio se ha realizado "a petición de varios grupos empresariales".
Luis de Guindos ha anunciado este decreto ley es facilitar el cambio de la sede social dentro del territorio nacional, pero siempre para empresas que tengan la iniciativa de cambiar su sede social.
Además, Economía justifica la "extraordinaria y urgente necesidad" de la medida para garantizar el principio de libertad de empresa y la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos.
El caso de CaixaBank
Según ha informado hoy el Ministerio de Economía en un comunicado, esta nueva normativa se aplicará a todas las empresas salvo aquellas cuyos estatutos incluyan una "mención expresa" por la que el consejo de administración no pueda ser competente para el cambio de sede.
En el caso de CaixaBank, el requisito de que la decisión del cambio de sede tenga que pasar por la junta de accionistas se recoge en artículo 4.2 de los estatutos sociales de la entidad, que fija que "domicilio social podrá trasladarse a otro lugar dentro del mismo término municipal por acuerdo del consejo de administración. Para proceder a su traslado a un término municipal distinto se precisará el acuerdo de la junta general de accionistas".
El Ejecutivo ya modificó la normativa en 2015 (también a instancias de grupos empresariales, según ha indicado De Guindos) para que los órganos de administración de las empresas pudieran decidir el cambio de domicilio salvo que sus estatutos exigieran el visto bueno de la junta de accionistas.
En los últimos años varias empresas relevantes que tenían su sede en Cataluña se han marchado a otras regiones de España. Esta tendencia se ha intensificado al mismo ritmo que el incremento de la tensión entre la Generalitat y el Gobierno de España, y parece que este proceso podría intensificarse en las próximas horas.
