La Unión Europea no alcanza una mayoría cualificada para la renovación del uso del glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo. La existencia de informes contradictorios sobre sus posibles riesgos para la salud ha encendido un debate a nivel europeo sobre el que el Observatorio organizado por elEconomista, en colaboración con la Asociación Para la Protección de las Plantas (Aepla) quiere arrojar luz. Con la ayuda de Jordi Esteve, director del equipo de Economics de PwC en España; Óscar Veroz, representante de la Asociación Española de Agricultura de Conservacion/Suelos Vivos; Gonzalo Pérez del Arco, responsable de Asuntos Públicos de Aepla, e Ignacio López García-Asenjo, director de Relaciones Internacionales de Asaja, el pasado 4 de octubre abordamos las consecuencias que la no renovación del glifosato puede tener en la agricultura española y europea, el impacto socieconómico en nuestro país o las consecuencias para el desarrollo de la Agricultura de Conservación y los efectos en la consecución de objetivos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero ante el cambio climático consensuados en la Conferencia de París.
El problema arrancó cuando la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) incorporó el glifosato a la lista de sustancias "probablemente cancerígenas para humanos". No obstante, los dos informes a los que se ha sometido el herbicida -uno de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa) y otro de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (Echa)-, aseguran que el glifosato es seguro.
El informe de Iarc, agencia ligada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), "habla de criterios de peligro, no de riesgos, y se basa en toda una serie de percepciones como que tomar carne roja o ir a la peluquería también es probablemente cancerígeno. La UE tiene agencias rigurosas e independientes, como la Efsa y la Echa, y en ellas hay que basarse", explica Ignacio López García-Asenjo. "De cara al consumidor, yo añado que el glifosato se aplica cuando aún no hay ningún cultivo. Y es una sustancia residual que a los 20 días se degrada, así que no quedan residuos", expone el representante de la Asociación Española de Agricultura de Conservación/Suelos Vivos.
La legislación europea de autorización de productos fitosanitarios prevé que la renovación de sustancias activas sea por 15 años, aunque, "no es un cheque en blanco", apunta Pérez del Arco, quien recuerda que, de aparecer evidencias de peligrosidad, se puede revocar. La resolución del Parlamento Europeo de 2016 pedía una renovación de siete años, y la propuesta actual de la Comisión Europea, la que está sobre la mesa, es por diez años.
"La Comisión Europea no quiere tomar una decisión que no esté apoyada por una mayoría cualificada de Estados miembros", explica Pérez del Arco. Pero el acuerdo no llega y el reloj corre: "El 15 de diciembre concluye la autorización y de no renovarse estaríamos ante el abismo", recalca Óscar Veroz.
"El tablero europeo está complicado: Francia se ha posicionado en contra; Alemania, que dijo que el glifosato era seguro, ahora tras las elecciones, si tiene que pactar con los verdes... Otros países no se pronuncian, como Italia. Y España está claramente a favor y por el periodo máximo de renovación: 15 años", añade Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de Asaja.
Y no es poco lo que está en juego. En palabras de Pérez del Arco, "la agricultura europea se juega su modelo productivo. Además, se está poniendo en duda todo el procedimiento regulatorio por el cual se autorizan las sustancias activas en Europa y también las opiniones y conclu- siones de agencias y autoridades europeas. En definitiva, se está sembrando un precedente muy peligroso para futuras autorizaciones y, sobre todo, que la industria deje de invertir en nuevos avances en el campo fitosanitario en la agricultura de la Unión Europea".
Precedente peligroso
Opinión parecida comparte López: "El que la UE pueda prohibir o establecer distinciones entre sustancias por presiones de la opinión pública y en base a criterios que se escapan de los estrictamente científicos sienta un precedente peligroso. Y podría afectar a que se prohiba una sustancia tan útil, probada y segura como el glifosato, que lleva 42 años en el mercado". Además, apunta López, "desde 2000, que se liberó la patente, lo comercializan un montón de empresas, ya que tiene un espectro muy amplio y cubre prácticamente todas nuestras producciones y la Agricultura de Conservación. Por lo tanto, tiene un papel muy importante dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y de cumplimiento dela COP21".
El director de Relaciones Internacionales de Asaja también hace cuentas. Y en costes anuales, Francia perdería 2.100 millones; España, 2.500 millones, y Alemania otro tanto. "Si prohiben su uso supondría la vuelta a un modelo de producción claramente no sostenible, basado en el laboreo", apunta Óscar Veroz.
El uso de glifosato es fundamental para el desarrollo de la Agricultura de Conservación, caracterizada por su sostenibilidad medioambiental, ya que permite luchar contra las malas hierbas. Pero, ¿en qué consiste la Agricultura de Conservación? "Es un sistema de producción agrícola sostenible, que comprende un conjunto de prácticas que preservan los recursos naturales (agua, suelo y aire) que sirven al cultivo para su desarrollo.
Y todo ello sin menoscabar la competitividad de las explotaciones y suponiendo un ahorro de costes importante", expone Veroz. La Agricultura de Conservación se basa en tres principios fundamentales: ausencia de laboreo, no se toca el suelo para nada; superficie de suelo cubierta por restos vegetales en, al menos, un 30%, y rotación y diversificación de cultivos herbáceos. Veroz recuerda que somos líderes en Europa, con 620.000 hectáreas de siembra directa y 1.290.000 hectáreas de cultivo leñoso.
Una de las principales aportaciones de la Agricultura de Conservación es su contribución a la lucha contra el cambio climático. Tras los acuerdos de la COP21, nuestro país tiene que reducir de aquí a 2030 un 26% sus emisiones de gas de efecto invernadero. La Agricultura de Conservación permite que cada hectárea de terreno atrape en el suelo 30 toneladas de CO2. En el caso de que nuestro país labrase con esta técnica los 13 millones de hectáreas potenciales "el objetivo se conseguiría en un año", apunta Veroz.
Quien mejor conoce las cifras es Jordi Esteve, director del equipo de Economics de PwC en España, que ha elaborado el informe Impacto socioeconómico de la Agricultura de Conservación y de la no renovación de la autorización del glifosato en España. "Hay dos problemas de tipo económico, el primero en cuanto a la forma, ya que estamos poniendo en riesgo la credibilidad de las instituciones, lo cual desde el punto de vista económico es muy relevante. Al final los países desarrollados se diferencian de los otros por su seguridad jurídica, lo que permite a largo plazo tener inversiones, atraer I+D... Todo esto es muy difícil de cuantificar, pero no por ello es menos importante".
Aumento de costes
En PwC han hecho un estudio sobre el fondo, sobre las preocupantes consecuencias de la no renovación. "Existen tres perjudicados: los agricultores, que se llevan la mayor parte y cuyo impacto económico hemos cifrado en 800 millones. En segundo lugar, las industrias conexas a la agricultura (proveedores, clientes...) con un impacto económico de 700 millones y, por último, los consumidores, que verían un incremento de precios de un 0,8% en los productos agrícolas y cuyo impacto hemos cifrado en 600 millones. En total, más de 2.100 millones, un 0,1% de la economía española en su conjunto", afirma Esteve. Además, recuerda, "no hay que olvidar el sobrecoste de no utilizar el glifosato en usos no agrarios -jardines y limpieza de vías de comunicación-, que se multiplicaría por cuatro o por cinco".
Lo que parece claro es que la gran perjudicada sería la Agricultura de Conservación. "Habría que acudir a otros productos fitosanitarios y, a nivel de explotación, sería pasar de 20 a 100 euros por hectárea", apunta Veroz. "Este tipo de agricultura tiene beneficios económicos para el agricultor, pero también beneficios sociales, ya que tiene un efecto positivo sobre la calidad de vida de los agricultores, sobre la erosión, manteniendo la tierra más productiva, y sobre el medioambiente, ya que reduce las emisiones de CO2", añade Esteve. Actualmente, el 12% de la producción nacional está hecha con Agricultura de Conservación que, además, supone el 13% de la superficie de cultivo. "Son números importantes, pero lo fundamental es su potencial de crecimiento", afirma Esteve.
Lo que sorprende es cómo siendo la agricultura un sector tan sensible al cambio climático, se pueda especular con la prohibición del uso de una sustancia cuyos beneficios para el medioambiente están probados. "Es un debate más ideológico que científico. La Agricultura de Conservación es una buena práctica agrícola y no sólo por criterios económicos: se mejora la salud del suelo, la explotación, los productos...", explica López. "Por ello, es necesaria la pedagogía y la información, sobre todo en el ámbito político", añade Veroz.
¿Se juega la UE su modelo agrícola? "Se impone una coherencia entre lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. No se puede pedir un modelo productivo cada vez más respetuoso con el medioambiente y que luego las herramientas sean distintas e incluso contradictorias. También la formación y la información son fundamentales: toda la sociedad debe conocer que lo que comemos en Europa es perfectamente seguro", apunta el miembro de Asaja. Insiste también en la coherencia Pérez del Arco: "Tiene que existir coherencia política y legislativa, definir qué modelo de agricultura y de sociedad queremos, y cuando se defina ese modelo, saber cómo queremos llevarlo a cabo para determinar si las herramientas que tenemos son las correctas o no".
"Yo hablaría de responsabilidad. Argumentar, transmitir la información, preparar documentos sobre impactos económicos, sanitarios, medioambientales..., es nuestra responsabilidad como sociedad civil, pero los que toman decisiones deben hacerlo de forma informada y coherente", añade Esteve.
Para Veroz, "Europa se juega su modelo productivo, pero la Comisión se juega su propia credibilidad. No puede rodearse de una serie de estructuras, como Efsa y Echa, que hacen informes para hacer evaluaciones que luego pone en duda. Así, el sistema no resulta creíble", concluye.
