El Gobierno está preocupado por la situación en Cataluña. Tanto, que fuentes de Moncloa reconocen que la deriva secesionista podría afectar a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, de momento colgados de un hilo a la espera de que el Partido Nacionalista Vasco considere hasta cuando quiere permanecer al lado del desafío soberanista en Cataluña.
En efecto. Desde el Ejecutivo se respira preocupación. Se admiten altos y bajos con las negociaciones de las cuentas, sin ocultar la dificultad que entraña la complicada coyuntura. Los Presupuestos requieren muchas horas de trabajo, argumenta el entorno más próximo del presidente del Gobierno. Pero no queda otro camino que trabajar por ellos ante un crecimiento económico gracias al cual, el IVA en el cine podría experimentar una bajada del 20 al 10%.
Pese a las dificultades, Moncloa acepta que los contactos con las formaciones políticas -más allá de las declaraciones de una de las partes- siguen, no han cesado del todo. El Gobierno se esmera -señalan- y cree que puede estar cerca de alcanzarlo. Salvo si la situación catalana se complica y el horizonte se ennegrece. "Ocho partidos son muchos partidos", puntualizan desde Presidencia, y aunque el techo de gasto está aprobado y parece coherente que aquellos partidos que lo refrendaron repitan de nuevo el sentido de su voto en los Presupuestos de 2018, esa hipótesis está sobre la mesa. Cataluña puede aguar las Cuentas.
Harán falta unos días para despejar la incógnita. El próximo viernes, quizás el sábado. Así pues, si no hay otros obstáculos, los PGE podrían pasar del Consejo de Ministros al Congreso la primera semana de octubre. Una vez registrados, arrancaría el trámite parlamentario, en el que posteriormente se debaten las enmiendas y ya, sin más dilación, las posiciones fijadas de los partidos tendrán que resolver su misterio.
El Gobierno carga gran parte de responsabilidad sobre la CUP
Aunque la figura de Carles Puigdemont sigue apareciendo destacada en todas las explicaciones del Gobierno, desde ayer la responsabilidad de la CUP toma fuerza y adopta gran protagonismo. Para el Ejecutivo de Rajoy, este es el referéndum de la CUP. Fue quien puso a Artur Mas fuera de la Generalitat, quien ha forzado la salida de algunos consejeros molestos para los planes de la gente de Anna Gabriel, y quien ha impuesto la ilegal Ley de Transitoriedad.
El proyecto de la CUP -remarcó ayer el ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo-, es elaborar las consignas, pervertir el lenguaje y construir mentiras. Y frente a estas conclusiones, el Gobierno de España sostiene que este referéndum es ilegal. No tiene garantías democráticas. Lo dice Europa y también lo dicen sus presidentes. Además, no tiene censo oficial, no tiene urnas. No tiene papeletas. Ni siquiera tiene tarjeta censal. Y como última ocurrencia, apostilla Méndez de Vigo, ahí está el tuit de Puigdemont con una lista de colegios y centros públicos municipales, también de Barcelona para votar. Así mismo -dice-, no hay mesas electorales ni interventores ni apoderados. No hay registro en el extranjero y la sindicatura electoral ha sido suspendida.
El balcón de la Independencia de Puigdemont y la respuesta
El Gobierno de España no descarta una salida de pata de banco de Carles Puigdemont y que a última hora se suba a un balcón tras el 1-O y desde allí pronuncie una declaración ilegal de independencia.
Ante una situación como ésta, se activarán todos los escenarios -éste es uno de ellos-, y el Estado de Derecho actuará en consecuencia en defensa de la soberanía nacional del pueblo español, de la unidad constitucional y de la democracia liberal y representativa, advierte Moncloa.
Acoso, intimidación y manifestaciones tumultuariasEntre esos escenarios está el artículo 155, que supone que el Estado se quede con las competencias de la Generalitat. Un artículo que el Gobierno nunca llega a verbalizar con su crédito correspondiente, pero que a estas alturas ya nadie desecha su aplicación.
Las circunstancias del momento han obligado al Ministerio de Interior a ordenar el refuerzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el envío de nuevos guardias civiles y policías nacionales. Como explicó ayer el portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para "apoyar a los mossos" ahora que se observan "acosos, intimidaciones, amenazas y manifestaciones tumultuarias".
Y Bruselas
El conflicto institucional entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña puede afectar a las obligaciones de España con Bruselas. Tanto, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pospuso ayer la aprobación del borrador de los Presupuestos que debe enviar a Bruselas antes de mediados de octubre.
Pero la Comisión Europea evita ponerse dura en un momento tan complicado. Y es por eso que, a día de hoy, la Comisión mantiene su postura de respeto al orden constitucional español como punto de arranque para cualquier discusión sobre el futuro de la región, informa Jorge Valero desde Bruselas.