Las investigaciones y operativos que está llevando a cabo la Justicia en relación con el referéndum evidencian cómo el independentismo ha utilizado las instituciones catalanas para dar vida al 1-0 y confeccionar las hipotéticas "estructuras de Estado" de una futura Cataluña independiente, tales como una Agencia Tributaria, Seguridad Social y cuerpo de Justicia propios, consellerías con categoría de Ministerio o el germen de un banco público, así como la financiación de las actuaciones y procesos destinados a materializar el referéndum ilegal del 1 de octubre. De hecho, se investiga si a esta última tarea se han destinado 6,2 millones de euros del Presupuesto catalán para este ejercicio.
La detenciones efectuadas por la Guardia Civil el miércoles a instancias del Juzgado de Instrucción número 13 se saldaron con la detención de varios pesos pesados -la segunda línea de flotación- de la Consellería de Economía, en la que recayó, tras la moción de confianza del año pasado a Carles Puigdemont, la responsabilidad de organizar el referéndum. Además de Josep María Jové y Lluis Salvadó, secretario general de Economía y secretario de Hacienda, respectivamente, la Guardia Civil detuvo a otros tres altos cargos de la Consellería: Juan Manuel Gómez, Francesc Sutrias y Natalia Garriga.
La otra área en la que se realizaron más detenciones fue en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), que está adscrita al departamento de Presidencia. La Guardia Civil detuvo a tres de sus directivos el miércoles: Jordi Puigneró, David Franco y Josué Sallent.
Estas detenciones, además de bloquear los avances en la organización del 1-0, hacen entrever que altos cargos catalanes, muy próximos a Oriol Junqueras y a Carles Puigdemont, presuntamente podrían haber utilizado fondos públicos para pagar los gastos relacionados con el referéndum. De acuerdo con Efe, la Guardia Civil estaría investigando si se han utilizado los 6,2 millones de euros presupuestados para consultas y procesos electorales en los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para este ejercicio. El Tribunal Constitucional había declarado anticonstitucionales estas partidas en el caso de que se utilizaran para la organización del referéndum ilegal.
Concretamente, el magistrado que instruye el caso, Juan Antonio Ramírez Sunyer, habría pedido a la Guardia Civil que le facilitara cualquier información o documentación que pudiera estar relacionada con el uso de fondos para este objetivo. El juez ordena buscar especialmente los documentos que puedan estar relacionados con "la contratación con entidades públicas o privadas" para la "planificación, diseño, construcción y puesta en funcionamiento de estructuras de Estado". Además, en su auto, el magistrado ordena registrar los despachos particulares y profesionales de los investigados e inspeccionar "la totalidad de archivos, muebles y habitáculos" existentes en busca de cualquier documentación, en soporte físico o digital, relacionada con "la celebración del referéndum del 1 de octubre y la creación de estructuras de Estado".
Además de la información almacenada en los dispositivos informáticos, el juez ordenó a los guardias civiles intervenir "cualquier dispositivo de comunicación o electrónico" que tuvieran consigo los detenidos y realizar un volcado del contenido de los aparatos, de ser técnicamente posible, explica Efe. El delito de malversación de fondos está penado con cárcel.
Puesta en libertad
Al cierre de esta edición, gran parte de los detenidos habían sido puestos en libertad. Una de las excepciones era Josep Maria Jové, que se había negado a declarar ante la Guardia Civil y que pasa a disposición judicial. Según su defensa, Jové se ha negado también a firmar el acta de declaración ,al estimar que había irregularidades y por inconcreción en los hechos delictivos que se le imputan. Se le atribuyen los de desobediencia, prevaricación, malversación y sedición. Por el contrario, habían sido puestos en libertad David Palanques, David Franco (Trabajo); Ignasi Sánchez (Gobernación) y Xavier Puig, Pau Furriol y Mercedes Martínez. También habían sido liberados Natalia Garriga y Fracesc Sutrias (Economía).
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