Intento frustrado. El recurso de la Generalitat al Tribunal Supremo contra las medidas de intervención del Gobierno central para evitar que la Generalitat destine recursos públicos al referéndum ilegal del 1 de octubre no será valorada, probablemente, hasta después del 1 de octubre; incluida la petición de medidas cautelares solicitada por el Govern de Carles Puigdemont.
Tras el registro del recurso, que la Generalitat presentó el lunes, la Abogacía del Estado cuenta con diez días para pronunciarse sobre el requerimiento de cautelares solicitado por el Gobierno catalán. Posteriormente, el Supremo contaría con un plazo de cinco días adicionales para pronunciarse tras escuchar a las dos partes.
Por ello, a dos semanas del 1-O, si la Abogacía del Estado agota sus plazos, sería imposible que se aplicara la suspensión cautelar antes de la fecha del referéndum, por lo que el control financiero extra, acordado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, está en vigor.
No obstante, Cataluña parece querer negar la situación. El conseller de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, insistió ayer repetidamente en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo catalán que el Supremo ha "admitido a trámite" el recurso y ello supone la "suspensión" de las medidas de intervención impulsadas por el Gobierno central. Ante las dudas de hasta cuatro periodistas de diferentes medios, aseguró que la jurisprudencia así lo indica.
Junqueras también defendió que la actuación del Gobierno "está fuera de los límites de la ley en la que se quiere amparar", porque tiene un objetivo político "que nada tiene que ver "con la estabilidad financiera. "¿Qué tiene que ver una factura de paracetamol con el referéndum?", ejemplificó.
En cualquier caso, aseguró que la Generalitat está sobrada de argumentos y de recursos económicos y seguirá ejerciendo con normalidad sus responsabilidades económicas y financieras.
Ante un posible escenario de bloqueo de sus cuentas,Junqueras explicó que se dirigirán a las entidades financieras para proteger su labor, vía administrativa y notarial: "Prestaremos ayuda y asesoramiento a cualquier tercero que se vea perjudicado por una actuación poco responsa- ble del Estado", señaló.
En la práctica, y a pesar del posicionamiento del Gobierno catalán -que se ha negado a volver remitir la información semanal de gasto, una decisión que originó este nuevo capítulo de enfrentamiento-, el Gobierno español asumió ayer el control efectivo de los pagos del Ejecutivo autonómico.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó la tergiversación de Junqueras.
Cuentas y tarjetas
El sector financiero -que ya se reunió el martes con el Ministerio de Hacienda para analizar cómo tendría que aplicar las medidas de alertas que debe poner en marcha para avisar en caso de pagos sospechosos-, cumplirá con la legalidad y, en este momento, siguen en vigor las medidas aprobadas el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
Entre ellas, los bancos debería informar de posibles movimientos en las cuentas de la Generalitat y también del uso de las tarjetas de crédito o débito.
