Los empresarios españoles mostraron ayer su respaldo al Gobierno en la ofensiva contra el referéndum ilegal que la Generalitat pretende llevar a cabo en Cataluña el 1 de octubre, a pesar de las advertencias judiciales para bloquear cualquier iniciativa que trate de facilitar una consulta que ya ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional.
"Los empresarios siempre estamos con la legalidad y por el cumplimiento estricto de las leyes y la Constitución española, así como la legislación internacional, especialmente de la Unión Europea, que son las mejores garantías de la seguridad jurídica imprescindible para la competitividad de nuestras empresas", reza el comunicado de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Hasta ahora, la patronal había guardado cierta equidistancia respecto a la celebración del referéndum o, al menos, no se había pronunciado abiertamente en este sentido. Ayer, sin embargo, los empresarios reaccionaron con firmeza en un contundente comunicado.
En el texto, la Junta Directiva de la patronal dice haber analizado "con profunda preocupación la situación creada por la convocatoria del referéndum ilegal en Cataluña y su impacto en la confianza del mundo empresarial e inversor en Cataluña y en el resto de España".
Frente a la que ya se ha convertido en la mayor crisis institucional en nuestro país en los últimos 40 años, los empresarios manifiestan su apoyo a "todas las acciones que se consideren necesarias llevar a cabo con el objetivo de hacer cumplir la legalidad vigente".
Si bien la Confederación que preside Juan Rosell reconoce que "existe un problema político de gran envergadura que debe afrontarse con la mayor urgencia posible y sentido constructivo para que no afecte a la convivencia social y prosperidad económica". La no resolución, advierte, "afectaría negativamente a todos los ámbitos".
Con igual contundencia reaccionó poco después la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que respaldó a las instituciones en la defensa de la legalidad de Cataluña, al considerar que tienen que tomar "las medidas oportunas" para que el Estado de Derecho se respete".
En un comunicado, la organización insistió en que "la base de la democracia es la ley". Cepyme cree que Cataluña es "una parte importante y necesaria de España". Por ello, hace hincapié en que las consecuencias de una hipotética secesión serían "muy graves" tanto para la economía como para las empresas o el conjunto de bienestar de todos los ciudadanos.
Llamamiento al diálogo
Por último, la patronal de las pymes, presidida por Antonio Garamendi, puso de relieve la necesidad de hacer un esfuerzo para facilitar la convivencia dentro de los márgenes que permite el ordenamiento jurídico. Así, hizo un llamamiento al diálogo: "Nunca es tarde".
Asimismo, ya el martes, la patronal madrileña Ceim recordó que "las decisiones que afectan a un todo no pueden ser tomadas, en ningún caso, por una parte de ese todo" y manifestó su apoyo al Gobierno de España en todas las acciones necesarias en aras de hacer cumplir la legislación vigente.
Por su parte, la patronal catalana de pymes, Pimec, se reafirmó ayer en la defensa del derecho a decidir, aunque apuntó la conveniencia de un "referéndum acordado" con el Gobierno central, así como de "cumplir con la legalidad". Al mismo tiempo, apeló a las pymes a afrontar posibles discrepancias con sus trabajadores por este asunto desde el "entendimiento y la concordia".
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