El Alto Tribunal acepta por unanimidad los cuatro recursos presentados por el Gobierno y el fiscal general del Estado advierte de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
El Estado activó ayer toda la maquinaria jurídica para poner freno al desafío independentista y en menos de 24 horas tumbó el referéndum ilegal.
En otra jornada maratoniana, ya entrada la noche, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendió por unanimidad la convocatoria de la consulta soberanista del 1 de octubre, tras admitir a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra la ley del referéndum aprobada por el Parlament con los votos de los independentistas, el propio decreto de convocatoria y las normas complementarias que lo acompañan, además de la resolución de la Cámara catalana por la que se designaron a cinco miembros de la Sindicatura Electoral.
El Gobierno había recurrido al Alto Tribunal todas las resoluciones adoptadas la víspera por el Parlament de Cataluña y la Generalitat para celebrar el referéndum ilegal. Además, el presidente Mariano Rajoy pidió a los magistrados la nulidad de todos los actos y su suspensión inmediata, a la espera de sentencia, y que se notifique por carta dicha suspensión al president Carles Puigdemont y a todo su Gobierno, así como a todos los altos cargos de la Generalitat relacionados con la consulta y a los 947 alcaldes de Cataluña, que tienen "el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum".
En total, según especifican fuentes del Ejecutivo, serán más de 1.000 las personas apercibidas. La finalidad no es otra que advertir al aparato independentista para aplacar, directamente, la desobediencia.
En rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros extraordinario, y acompañado de todo el Gobierno -a excepción del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, en viaje oficial-, un Rajoy con semblante serio y en tono contundente aseguró que la consulta, "por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar", y exigió a los responsables del Gobierno catalán que "no sigan avanzando en este camino hacia el precipicio institucional y que no menosprecien la fuerza de la democracia española".
En este sentido, les pidió que abandonen la "escalada de ilegalidad, crispación y autoritarismo", porque, advirtió, "el Estado de Derecho no se va a plegar a sus bravatas".
Apenas una hora antes de la comparecencia del presidente del Ejecutivo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció dos querellas criminales contra todos los miembros del Gobierno catalán por la convocatoria del referéndum ilegal, así como contra aquellos miembros de la Mesa del Parlamento catalán que facilitaron la tramitación de la ley del referéndum.
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado, en conformidad con el fiscal Superior de Cataluña y de los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, dio instrucciones a la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Escuadra, para que, en calidad de policía judicial, investiguen todas las actuaciones dirigidas a la organización del referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas, al menos, de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Por su parte, Puigdemont avisó ayer a Rajoy, al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía de que organizará el referéndum sean cuales sean las impugnaciones que pongan encima de la mesa: "Ante un tsunami de querellas, habrá un tsunami de democracia".
En una entrevista en la cadena catalana TV3 recogida por Europa Press, y antes de conocer la resolución de los magistrados, aseguró no temer a lo que pueda dictar el TC y explicó que la Generalitat mantiene los preparativos de la votación: "Por descontado que siguen a buen ritmo los preparativos del referéndum".
Asimismo, el presidente catalán afeó a Rajoy que en ningún momento se haya abierto a negociar la consulta, y cuestionó que España sea un "régimen democrático". Antes, por la mañana, el presidente del Gobierno recordó que invitó a Puigdemont a exponer sus demandas en el Congreso de los Diputados y a negociar otro entendimiento que no pasara por la imposición del referéndum. "Nunca quiso hacerlo", aseguró Rajoy.
En referencia a la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno "obligar" a la Generalitat a cumplir la ley, Rajoy -que no admitió preguntas de los periodistas tras su intervención- afirmó ser "muy consciente de lo que está en juego". "Sé lo que se espera de mí y cuáles son mis obligaciones, y puedo asegurar que no he dedicado tantos años a mi país y al interés general como para permitir ahora que se pueda liquidar de un plumazo nuestro modelo de convivencia", advirtió, para zanjar después: "Eso no va a suceder y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo".
El presidente quiso también agragradecer a los partidos de oposición en la Cámara catalana su actuación el miércoles para tratar de frenar la aprobación de la ley del referéndum. "Lo que ocurrió en el Parlament ante los ojos de toda Europa y del mundo es uno de los mayores golpes que han recibido las instituciones catalanas en toda su historia", dijo al respecto de lo que calificó de espectáculo "deplorable".
