La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) tendría un déficit de 18.000 millones de euros en el momento en que se declarase la independencia, a tenor de las cifras ofrecidas este lunes por el vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras. En rueda de prensa junto al presidente catalán, Carles Puigdemont, para presentar el despliegue este mes de la ATC hasta el máximo que le permiten las competencias autonómicas, Junqueras afirmó que el potencial recaudador actual de la Hacienda catalana es de 42.000 millones de euros, si se tienen en cuenta tanto los impuestos propios y cedidos como los que son competencia del Estado. Esta cifra no incluye los impuestos locales ni las cotizaciones a la Seguridad Social, dos ámbitos que sumarían un total de ingresos de 75.000 millones, según el Govern.
Por contra, los estudios que avalan la viabilidad económica de la independencia catalana y el Consejo Asesor para la Transición Nacional cifran en 5.000 millones de euros mensuales el coste del funcionamiento ordinario de una Cataluña independiente, lo que supondría 60.000 millones al año, una cifra muy lejana a los 42.000 millones que esgrime Junqueras si se produce una secesión que se augura a todas luces no pactada y las empresas siguen cotizando a la Seguridad Social estatal. Y eso que los 42.000 millones son 15 veces más que la recaudación efectiva prevista para este año 2017 y 34 veces más que antes del inicio del despliegue de la ATC en 2015, detalló el conseller.
El propio secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, reconoció este coste de 5.000 millones mensuales en una conferencia en diciembre, en la que agregó que, con la recaudación de la ATC prevista a partir de ahora con todo su potencial competencial desplegado, los recursos solo durarían para afrontar los gastos de 17 días y deberían buscar financiación.
Centralización de pagos
El Ejecutivo catalán también anunció el lunes que, a partir de octubre, cuando prevén celebrar el referéndum sobre la independencia, la ATC centralizará la tramitación del pago de los impuestos estatales que debe abonar el sector público catalán. Se trata del IRPF, el IVA y el impuesto de Sociedades. Aglutinaría la gestión correspondiente a 170 entidades públicas y 500 entidades concertadas, así como de los entes locales que se adhieran voluntariamente. Hasta ahora ya tiene el beneplácito de 120 ayuntamientos favorables a la independencia.
Solo los pagos que corresponden a la Administración de la Generalitat y las empresas en las que tiene participación mayoritaria ascienden a 2.500 millones de euros anuales, según los datos que reveló el lunes el Govern.
La punta del iceberg
Salvadó afirmó que el despliegue territorial de la ATC, que desde este lunes cuenta con 32 oficinas de atención por toda Cataluña, es "la punta del iceberg", y que trabajan en servicios y proyectos para prepararse para el futuro y ser "mucho más ambiciosos" y "poder ir hacia adelante como país". Junqueras insistió en la voluntad del Govern de sumar responsabilidades para poder decidir sobre sus ingresos y no solo sobre sus gastos, y Puigdemont aseveró que la ATC es una "estructura fundamental" y que está preparada "para hacer posible la voluntad de los catalanes el 1 de octubre, sea cuál sea".
Advertencia estatal
La reacción del Ministerio de Hacienda ante las aspiraciones fiscales de la Generalitat no se hizo esperar, y el lunes emitió un comunicado alertando de que pagar impuestos a una Administración no competente puede suponer incluso un delito penal.
El departamento que lidera Cristóbal Montoro quiso dejar claro que, en el caso de los tributos que gestiona el Estado, la normativa establece que los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas "sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración Tributaria competente. Si se presentan ante otra Administración, las declaraciones se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas". En ese caso, la Agencia Tributaria estatal podría iniciar procedimientos de comprobación, liquidar la deuda tributaria e imponer sanciones, así como iniciar el procedimiento de apremio para hacer efectivo el importe de la deuda.
El Ministerio incidió en que estas conductas podrían ser constitutivas de delito contra la Hacienda Pública, y que las personas jurídicas -empresas- no tienen sólo responsabilidad tributaria, sino también penal. Además, recordó que sus administradores pueden incurrir en responsabilidad tributaria, como responsables solidarios o subsidiarios del pago de la deuda tributaria defraudada, en función de su grado de participación en la infracción tributaria.
Prepara una unidad contra el fraude internacional
Siguiendo la línea de la creación de estructuras de Estado, la Consejería de Economía está trabajando para convocar 24 plazas de inspector y 40 de gestor tributario para conformar una unidad contra el fraude fiscal internacional. Esta división está prevista en el plan de prevención y lucha contra el fraude 2015-2018, que cuenta con 86 medidas repartidas en cuatro ejes: prevención, control y detección, implicación social en la prevención, y cambios organizativos y en medios. Con las acciones realizadas hasta ahora, la Agencia Tributaria de Cataluña detectó un fraude fiscal de 360,42 millones de euros entre 2015 y 2016.
Además, este otoño la Generalitat también prevé contar con el primer estudio que analiza la brecha fiscal entre lo que recaudan los impuestos propios y cedidos y lo que podrían llegar a ingresar si no hubiese fraude. Tendrá en cuenta variables como la economía sumergida, las actividades declaradas incorrectamente o la deuda fiscal reconocida pero no ingresada.
