Los socialistas catalanes anunciaron ayer que pedirán al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) un dictamen sobre la proposición de ley del referéndum en cuanto se acepte a trámite.
La ley registrada por Junts pel Sí y la CUP el pasado 31 de julio prevé dar amparo legal a la convocatoria unilateral del 1 de octubre. La petición del dictamen advierte de las contradicciones del texto con la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Por ejemplo, los socialistas piden al órgano autonómico que se pronuncie sobre el artículo 2, que incluye que el "pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano" que "ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente". El PSC explica que la jurisprudencia constitucional ha venido marcando que la "autonomía constitucionalmente configurada" no significa un "fraccionamiento" de la soberanía, de la que es depositaria "el conjunto del pueblo español".
También presentarán recurso contra el artículo 1, que marca el objeto de la ley; o el artículo 3.1, que indica que el Parlament es el representante de la soberanía de Cataluña. Además, pedirán al CGE su dictamen sobre el artículo 3.2, que pretende instaurar un "régimen jurídico excepcional" que prevalezca sobre cualquier ley que pueda entorpecer la celebración del referéndum. El texto se impondría a leyes orgánicamente superiores.
El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, calificó de "despropósito" la proposición de ley y advirtió que la estrategia del Govern es una "mofa de las instituciones". Asimismo, acusó al ejectuvo catalán de "liquidar el Estatut y la Constitución con un referéndum para el que la Generalitat no tiene competencias".
Iceta criticó el "oscurantismo" y el "escapismo parlamentario" ante la actuación de la Mesa de aplazar la admisión a trámite de la proposición de ley: "Creemos que es un intento para que el CGE -que defendió como órgano de control demócratico- no se pueda pronunciar sobre este texto".
