El Gobierno de España confesó ayer que Moncloa tiene preparados todos los escenarios y todas las respuestas, siempre bajo el amparo de la ley, al desafío soberanista que este miércoles daba un paso más con el hecho de que la Mesa del Parlament postergara la tramitación de su Ley de Referéndum y no la incluyera en el orden del día.
La reacción de Moncloa fue, como en otras ocasiones, la de la disposición al diálogo, siempre y cuando Puigdemont cambie y se avenga a debatir otros argumentos que no solo se circunscriban a celebrar un referéndum de secesión.
En ese sentido, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, recordó que las cosas apenas han cambiado en estas semanas estivales. Seguimos estando ante un referéndum sin. Sin censo, sin funcionarios, sin presupuesto, sin apoyo internacional, y desde este miércoles, "también sin calendario".
Y no sé si obedece a una estrategia -añadió el ministro portavoz-, pero este referéndum que proponen los independentistas catalanes sigue siendo ilegal, y como dice Rajoy -apeló al presidente-, no se va a celebrar.
El Gobierno -aclaró Méndez de Vigo-, no tiene constancia ni de censos ni de urnas. Tampoco sabemos -dijo- cómo van a actuar los demás. "Lo que sí podemos decir -mantuvo- es que este Gobierno trabaja, no tiene vacaciones y vamos a garantizar la seguridad".
Preguntado por la posición adelantada del PSOE, que ayer hizo saber que promoverá una comisión para debatir una reforma de la Constitución a propósito del desafío soberanista, el Ejecutivo respondió con ironía alegando que lo que le pasa al Partido Socialista este verano puede atender a "un golpe de calor". Eso explicaría -indicó el ministro-, "que les hayamos oído decir que la Guardia Civil son esquiroles o que Madrid es una nación".
Cinco meses sin referéndum
Apenas una hora antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Tribunal Constitucional también rechazaba el recurso interpuesto por la Generalitat para que se admitieran a trámite y de forma exprés las leyes de desconexión que pretenden los partidos independentistas de Cataluña.
El Alto Tribunal ha dado la razón al Gobierno de Rajoy, preparado desde el minuto cero a impugnar ante la Justicia cualquier paso encaminado a perseguir la autodeterminación de esta comunidad.
Por unanimidad, los 12 magistrados que componen el Pleno dieron no y en bloque a la suspensión cautelar por cinco meses de la reforma del Reglamento del Parlamento catalán que permitía sacar adelante de forma exprés las leyes de desconexión.
La Generalitat argumentó en su recurso que es "un abuso del derecho que el Constitucional suspenda una ley que opera en otros parlamentos autonómicos, pero que en el caso catalán está siendo interpretada y juzgada con la intención de frenar el referéndum".
No obstante, el Alto Tribunal no resolvió ayer el fondo de la cuestión, sobre si la reforma del Parlament es constitucional o no, sino sobre la petición de levantar la suspensión de la reforma del Reglamento, lo cual fue desestimado.
