Ángel María Villar y Juan Antonio Padrón usaban presuntamente casi cada euro que caía en manos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para enriquecerse y favorecer también a amigos, familiares y aliados. Según consta en el informe de la Fiscalía del caso Soule, al que ha tenido acceso este diario, además de los fondos de origen privado, el presidente de la RFEF y el exvicepresidente económico no dudaron en echar mano del 1% que recibían de la recaudación de las quinielas, que superó los 10,7 millones entre 2011 y 2013, para, supuestamente, adjudicar contratos a empresas de su entorno y beneficiar a las federaciones territoriales amigas.
Una maniobra que les causó más de un problema con el Consejo Superior de Deportes (CSD), ya que el destino de los fondos de la Quiniela se tenía que pactar con dicho organismo, que es el que por ley le entregaba el dinero. Y es que, aunque formalmente sí que consensuaban las inversiones, según una denuncia de Jorge Pérez Arias, secretario general de la Federación hasta 2016, y que consta en el sumario del Caso Soule, el vicepresidente económico "hacía caso omiso a dichos acuerdos y ordenaba la adjudicación que considerara oportuna".
"Padrón con el conocimiento y consentimiento de Ángel María Villar habría realizado una distribución arbitraria del porcentaje del conocido como 1 por ciento de las quinielas, destinado a obras de campos de fútbol para el deporte base entre las federaciones territoriales, beneficiando a unas en detrimento de otras", explican las fiscales del caso instruido por Santiago Pedraz en un escrito. Así, y según se desprende de la investigación, Padrón, con el consentimiento de Villar, habría favorecido a empresas vinculadas a él o a sus familiares adjudicándoles las obras que se financian con ese 1% de las quinielas.
"Con esta maniobras incumplía la normativa de conflicto de interés y los estatutos de la propia federación", aseguran. "Se beneficiaba de dichas adjudicaciones mediante la obtención de posibles contraprestaciones a su favor en detrimento del patrimonio federativo", sentencia.
Por ejemplo, el escrito recoge que en el periodo 2010-2013 las obras realizadas por la Federación tinerfeña, que preside Padrón, con cargo al 1% de la recaudación de las quinielas se adjudicaron en un 78% a empresas vinculadas con su entorno. En concreto, el 62%, que equivale a unos 1,15 millones de euros, se habrían dado a Promotora Punta Larga, cuyo administrador es Carlos Antonio Plasencia Romero.
El gestor de la firma aparece en la lista de investigados publicada por el magistrado Pedraz que todavía tienen que ir a declarar y es consejero de Canal 7 Tenerife Sur y presidente de Sociedad Atlántica de Televisión. Francisco Padrón García, hijo del vicepresidente de la RFEF, es presidente de la primera y Juan Padrón es consejero de la segunda.
Pero la mano derecha de Villar no sería el único que presuntamente usaba los fondos obtenidos de la recaudación del juego, que equivale al 4,55% de lo que no destina para premios, sino que los presidentes de otras federaciones habrían aprovechado los fondos que obtenían de la RFEF para contratar a compañías de hijos. Así, la empresa Tritón fue la elegida para realizar la instalación de césped artificial con cargo a la Federación Extremeña de Fútbol. La compañía es de Juan Francisco Espino, hijo de Juan Espino Navia, expresidente de la Federación Extremeña y actual vicepresidente deportivo y miembro de la Junta Directiva de la RFEF.
"A lo largo de la investigación se corrobora la existencia de indicios de criminalidad contra los denunciados por la posible comisión de irregularidades en los procesos de contratación y resolución de contratos", recoge la fiscal en un informe en que se señala a los contratos firmados con Santo Mónica Sport y las obras sufragadas con cargo a los fondos de las quinielas.
Problemas con el CSD
El presunto uso personalista del dinero del juego llevó a Villar a enfrentarse directamente con el ya expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, que en 2015 resolvió retirar los fondos de las quinielas. En ese momento, la RFEF publicó un comunicado de prensa en el que rechazaba tal iniciativa de unas ayudas "finalistas y siempre justificadas". A pesar de lo que defendiera la Junta Directiva presidida por Villar, lo cierto es que el CSD llegó a reclamar ocho millones de euros de lo otorgado a la Federación entre 2010 y 2013 por no justificar el gasto.
Según consta en el auto del caso Soule, en 2011 se concedió a la RFEF una subvención por importe de 4,36 millones de euros para el fútbol no profesional de las quinielas, acordándose en fecha 15 de junio de 2015 un reintegro de 1,4 millones por "defectuosa justificación". No es la primera vez que la RFEF se ha visto obligada a devolver fondos de origen público por no justificar su destino. En 2002, la Federación devolvió 3,6 millones. Así, Villar llegó a rechazar las subvenciones del CSD para evitar que le fiscalizaran. En 2014 hizo todo lo posible por no recibir los fondos provenientes del 1% de la quiniela, que ascendían a 750.00 euros y que sí cobró los años anteriores.
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