El debate sobre el futuro de la inmigración en Inglaterra presenta tantas aristas como facciones contiene el Gobierno. Independientemente de los efectos que los acuerdos transicionales tengan en materia de movimiento de personas, Reino Unido tiene que resolver cómo quiere establecer su modelo de extranjería en el futuro, una vez recuperado el control sobre sus fronteras. Reino Unido permitirá la libre circulación de trabajadores tras el Brexit durante tres años
El primer problema procede del detalle, no menor, de que Londres ignora la contribución real de los ciudadanos comunitarios. A pesar de que uno de los factores que más pesó en el referéndum celebrado el pasado 23 de junio fue, precisamente, la polémica creada en torno a los extranjeros, el Ejecutivo carece de un análisis objetivo que le permita determinar qué modelo le conviene en este asunto.
Informe sobre la situación
Para revertir este contexto de desconocimiento, el Ministerio de Interior británico ha encargado al Comité Asesor de Migración un informe sobre los beneficios de los originarios del resto de la Unión Europea. El estudio establecerá desde la distribución geográfica en suelo británico, hasta qué sectores dependen más de ellos, así como el rol de los trabajadores eventuales, elementos que deberían arrojar luz acerca de sus costes sociales y económicos para Reino Unido, su impacto sobre la competitividad o si convendría focalizar la inmigración en torno a empleos cualificados.
El contrasentido es que el trabajo no estará listo antes de octubre del próximo año, un horizonte temporal en el que, a priori, Londres y Bruselas tendrían que haber acordado ya los aspectos fundamentales de la nueva relación, lo que cuestiona el hecho de que el análisis no se hubiese comandado antes.
De momento, las incognitas y la falta de claridad en la hoja de ruta definen el arduo e incierto camino por recorrer, también en la construcción del modelo de extranjería.
