Gordó declara el lunes en el TSJC, que ayer buscó pruebas en el 'Parlament' y la GeneralitatEl caso del 3%, el del Palau y el de las ITV debilita al PDeCat frente a ERC y la CUP
La última lista de candidatos electos de CiU por la circunscripción de Barcelona está adoptando el color negro. Los diputados que acompañaron a Artur Mas en sus últimas elecciones autonómicas de 2012 sin pacto con ERC para la ruptura con España, se han convertido en nombres habituales en las causas judiciales abiertas en los últimos años.
Además del propio Artur Mas, Joana Ortega o Irene Rigau, números uno, dos y nueve de aquella lista de candidatos electos de 2012, que ya han sido condenados por la consulta ilegal del 9-N de 2014, también fue elegida como diputada Meritxell Borràs. La actual consellera de Gobernación está siendo investigada por impulsar un contrato de licitación de urnas, que podría utilizarse para el referéndum del 1 de octubre, aunque no ha sido acusada formalmente.
Neus Munté, que el pasado viernes dejó el Gobierno catalán y que fue la número 11 de Artur Mas en la lista electoral de Barcelona por CiU en 2012, ha escapado del Govern sin ninguna investigación abierta por el 1-O y poniendo su carrera política a salvo. De hecho, ayer ya adelantó que le haría "ilusión" ser candidata a la Alcaldía de Barcelona. Se había especulado con que el PDeCat podría reservarla como una carta para las próximas elecciones autonómicas catalanas, para lo que la haría dimitir, evitando así su posible inhabilitación.
Las presuntas 'mordidas'
Los próximos en sentarse en el banquillo podrían ser el número tres de la lista de CiU por Barcelona en 2012, Oriol Pujol i Ferrusola, y el número 16, Germà Gordó.
Las investigaciones que pesan sobre ellos, sin embargo, no están relacionadas con delitos de desobediencia al Constitucional o hipotética malversación, como la investigación del Tribunal de Cuentas por el 9-N, sino con presunta corrupción.
Oriol Pujol i Ferrusola ya ha reconocido su culpabilidad. El viernes, aunque quedó en un segundo plano por la reforma del Gobierno anunciada por Carles Puigdemont, el exdiputado de CDC pactó con la Fiscalía aceptar dos años y medio de cárcel y pagar una multa de 50.000 euros, a cambio de reconocer el cobro de comisiones para facilitar adjudicaciones, así como su implicación en el amaño de concursos para centros de de ITV. Este pacto, con el que evitaría la entrada en prisión de su mujer, puede servirle para eludir el juicio.
C's, de forma continuada, recrimina al Ejecutivo catalán que trata de tapar las investigaciones y acusaciones relacionadas con corrupción con la pugna del partido por la independencia. Ayer lo volvió a reiterar Inés Arrimadas, líder de la formación en Cataluña, después de que el juez ordenara buscar datos para reconstruir la agenda de Germà Gordó en los años en los que fue conseller y secretario del Govern. Con este objetivo, la Guardia Civil se personó en el Palau de la Generalitat, en el Parlament, en el departamento de Justicia y en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat para solicitar información.
Desde ERC, socios del PDeCat en JxSí, apoyaron las investigaciones y la CUP ya ha pedido personarse en el caso del 3%. El coste político de la presunta corrupción de CDC ha ayudado a que Esquerra imponga su línea independentista, más dura que la tradicional convergente, en el Govern.
