Estaba prácticamente cantado. La fórmula de los Presupuestos Generales de 2017 -con el apoyo de siete fuerzas parlamentarias- se repetirá mañana en el Congreso y el miércoles en el Senado, esta vez con los objetivos de estabilidad y el acuerdo del techo de gasto de 2018. No obstante, la ecuación ha tenido que someterse a algunos requerimientos en las últimas semanas para desembarcar este martes en el Parlamento con idénticas muletas.
En el inicio de las negociaciones con Hacienda, Ciudadanos levantaba la mano y solicitaba una rebaja del IRPF para las rentas más bajas por un valor global de 2.000 millones de euros, mientras que Nueva Canarias exigía un alivio del déficit de las CCAA estableciendo un margen de hasta el 0,4 del PIB, al tiempo que demandaba flexibilizar la regla de gasto para las administraciones cumplidoras.
El Consejo -extraordinario- de Política Fiscal y Financiera del viernes y a las horas el posterior Consejo de Ministros se encuadraban en el penúltimo trámite del camino negociador del equipo de Montoro. Con el acuerdo cerrado de todas las fuerzas, aunque alguna de ellas -PNV y NC- se reserve el anuncio para el día de hoy, el ministro de Hacienda está a unas horas de abrir la puerta a los nuevos Presupuestos Generales de 2018, dando oxígeno a un año más de legislatura.
El trabajo de negociación y consenso ha sido duro. La exigencia repentina de Ciudadanos, aunque estaba reconocido en el acuerdo de investidura del Partido Popular, provocó el primer tsunami. El ministro del ramo admitió el cambio de letra como una necesidad perentoria de arrancar los votos en positivo del partido preferente del Gobierno. De inmediato, el Ministerio de Hacienda se puso a la tarea. Se trata de cuadrar un IRPF y unas deducciones -por un valor estimado en 2.000 millones de euros- y no influir en los objetivos de estabilidad y deuda pública, cuyo compromiso con la UE es del 2,2%.
Este acuerdo con Ciudadanos ha suscitado numerosas críticas por parte de la oposición, que insiste en el maquillaje y el populismo de la iniciativa y no comprende cómo salen los números, porque está convencida de que con esta fórmula el Gobierno se saltara una vez más el déficit público.
Un golpe de efecto
Tampoco ha levantado especial entusiasmo el regate de última hora del ministro, retirando el techo de gasto a los cuatro días de ser aprobado por el Consejo de Ministros. El PSOE se opuso frontalmente, pese a que entre sus demandas estaba el aumento el déficit y también la regla de gasto. No obstante, el movimiento de Montoro logró dos cosas con esta operación política: la adhesión de las fuerzas canarias, a favor de un déficit menos costoso para las Comunidades, y la abstención del consejero socialista de Extremadura, con la también ausencia notable del consejero catalán.
Pero el Congreso no solo debatirá y votará este martes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2018-2020, además del conocido techo de gasto o el límite de gasto no financiero del Presupuesto de 2018, que sube un 1,3%, hasta los 119.834 millones de euros. Montoro también convalidará la oferta de empleo público (OEP) extraordinaria de 4.282 plazas para este año y el próximo.
