A la relajación en una décima de su objetivo de déficit previsto para 2018 y 2019, las comunidades autónomas podrán sumar los 1.000 millones de euros extra que el Estado les transferirá este año a cuenta de las liquidaciones adicionales del sistema de financiación correspondientes a 2015.
Este balón de oxígeno no fue recibido este viernes de buen grado por buena parte de los Ejecutivos regionales que interpretan en el cambio de última hora en sus objetivos de estabilidad como una maniobra política de Cristóbal Montoro para tratar de contentar con "migajas" a los Gobiernos autonómicos.
El Ministerio de Hacienda convocó de urgencia a mediados de semana a los consejeros autonómicos a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para votar la relajación del 0,3 al 0,4 por ciento del déficit de 2018 y del equilibrio presupuestario al 0,1 por ciento ya en 2019.
El Estado -al que corresponde la mitad de los votos del cónclave- sólo necesitaba el apoyo de una región para sacar adelante este cambio. Al igual que sucedió hace unos días en la última reunión con los territorios obtuvo el respaldo de todas las regiones gobernadas por el PP, de las dos ciudades autónomas y, en esta ocasión, también de Canarias. Mientras, se pronunciaron en contra de las nuevas metas la mayoría de autonomías donde gobierna el PSOE y Cantabria. En un movimiento que indica a la perfección las distintas sensibilidades que existen dentro del PSOE acerca de la necesidad o no de llegar a acuerdos con el Gobierno de Mariano Rajoy, Extremadura se abstuvo en la votación.
Esta vez, Cataluña no pudo votar puesto que para hacerlo debía haber estado presente un consejero y el de Economía, Oriol Junqueras, faltó a la cita y envió en representación de la autonomía a su segundo. Pese a ello, Pere Aragonés sí mostró su disconformidad con los nuevos límites al entender que el único criterio para haberlos cambiado son razones de "oportunidad" del Gobierno para garantizar su estabilidad parlamentaria o una "arbitrariedad" de criterios por parte de Hacienda. En la misma línea, la consejera andaluza, María Jesús Montero, aseguró que el cambio de última hora supone un "desprecio" a las autonomías y criticó que Montoro no explicase porqué se produce un reparto distinto al aprobado hace unos días. Por su parte, el valenciano Vicent Soler llegó a tachar de "broma" la décima de más que les ofrece el Gobierno.
En lo relativo a las liquidaciones a cuenta de la financiación, el Ministerio de Hacienda especifica que ascienden a 1.200 millones si se compara lo presupuestado para este año con lo que se abonará finalmente. En realidad, si comparamos las liquidaciones definitivas de 2015 y 2014 esa cifra se reduce a 1.000 millones de euros.
