El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, se convertirá mañana en el segundo ministro de la democracia en ser reprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, tan solo unos días después de que la Cámara Baja censurase a su compañero de Gabinete, el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
PSOE, Podemos y Ciudadanos acusaron ayer a Montoro de haber beneficiado desde 2012 a los defraudadores con una amnistía fiscal que finalmente ha sido declarada inconstitucional.
La moción para pedir la reprobación de Montoro fue presentada por los socialistas y, pese a que se debatió ayer, no se votará hasta mañana por el pleno. ERC, PDeCat, Compromís y EH Bildu se sumaron también a la iniciativa, ante la que el PNV se abstendrá. Los socialistas consideran que la amnistía fiscal benefició a los defraudadores, vulnerando principios constitucionales y lo hizo al mismo tiempo que el Gobierno aprobaba una subida de impuestos histórica.
Montoro, que no estuvo presente en el debate, aseguró horas antes en el Senado que afrontaba su reprobación con la normalidad propia de una democracia. Al mismo tiempo, defendió que su proceso de regularización hizo que "29.000 defraudadores" pagaran sus impuestos y permitió aflorar 40.000 millones de euros.
Durante el debate, el diputado socialista Julián López incidió en que Montoro impulsó la amnistía fiscal al mismo tiempo que "miles de personas tenían que pagar más por los medicamentos, subía el IVA, aumentaban los recortes en la Educación y freía a impuestos a los pensionistas emigrantes retornados". Además, López lamentó que el ministro considere que la amnistía fue "inevitable" y que se niegue a pedir disculpas y a asumir responsabilidades políticas.
Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos, Alberto Garzón reclamó también responsabilidades políticas y aseguró que el Gobierno no sólo era consciente de la inconstitucionalidad de la medida, sino que al haber hecho una estimación de la recaudación de la amnistía, sabía además dónde estaban los defraudadores.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Vicente Ten defendió que, al margen del Parlamento, la propia sentencia del Tribunal Constitucional ya supone una reprobación en sí misma al ministro Montoro. Del mismo modo criticó que con esta medida el Gobierno premiase al defraudador y castigase al contribuyente cumplidor. Por ello, le urgió a "aliviar" la carga fiscal a los contribuyentes bajando el IRPF.
Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, apuntó que su grupo se abstendrá mañana por "coherencia", ya que la amnistía fiscal no fue aplicada en las haciendas forales y en temas fiscales los nacionalistas prefieren "no interferir".
Querella contra su exdespacho
Sin embargo, este debate no fue ayer el único dolor de cabeza para el ministro de Hacienda. El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid admitió ayer a trámite la querella contra el despacho Equipo Económico, que él mismo fundó en 2006 y al que la Fiscalía Anticorrupción atribuye supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados. Desde el Senado, Montoro dejó claro que no tiene "nada que ver desde hace nueve años" con Equipo Económico.
La querella en cuestión afecta a siete personas, entre ellas un hermano del ministro, Ricardo, y el expresidente del Consejo Superior de Cámaras Manuel Teruel, por la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con las Cámaras de Comercio.
