Los problemas siguen acechando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras el mandatario se reunía ayer en Washington con los principales miembros de su administración, asegurando que su equipo "es lo más activo que se puede ser", los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia presentaron una demanda contra el republicanos por la presunta violación de una cláusula de la Constitución que prohíbe a los altos cargos recibir pagos de gobiernos extranjeros.
De acuerdo al fiscal general de la capital de EEUU, Karl A. Racine, y su homólogo en Maryland, Brian Frosh, ambos demócratas, Trump "ha roto muchas promesas de mantener separado su deber público de sus intereses de negocios privados, incluyendo el recibir actualizaciones regulares sobre la salud financiera de la compañía". Es importante recordar que el presidente transfirió el control de su conglomerado empresarial a sus dos hijos, Donald Jr. y Eric, para evitar posibles conflictos durante el tiempo en que ocupe la Presidencia.
Mientras un juez federal debe decidir si el caso sigue o no adelante, el inquilino de la Casa Blanca recibió el lunes un nuevo revés del ala judicial después de que un tribunal de apelaciones decidiera mantener el bloqueo que pesa sobre el veto migratorio del presidente, proclamado en marzo para prohibir la entrada a territorio estadounidense de refugiados y de nacionales de seis países de mayoría musulmana.
En su decisión, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito determinó que el mandatario "excedió el alcance de su autoridad" al firmar el 6 de marzo su orden ejecutiva sobre inmigración y, por ello, decidió mantener bloqueadas las partes más importantes del decreto. El veto migratorio de Trump ya se encuentra en el Supremo después de que el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito, con sede en Richmond (Virginia), fallara en su contra el pasado 25 de mayo.
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