Las elecciones anticipadas y el rescate de la banca vuelven a atraer la atención de los inversores sobre la prima de riesgo italiana. Mientras que el expresidente de la República Giorgio Napolitano indicaba que una nueva crisis en el Gobierno sería un "golpe para la credibilidad del país", con consecuencias evidentes sobre el mercado de la deuda; el consejero delegado del principal banco transalpino, Carlo Messina de Intesa Sanpaolo, subrayaba la semana pasada, refiriéndose a la difícil situación de Popolare di Vicenza y Veneto Banca, que "una quiebra tendría repercusiones sobre el territorio, Italia y la prima de riesgo".
Sin embargo, a la espera de enfrentarse a nuevos meses de inestabilidad política y financiera, el Tesoro de Roma tiene también otra problema relacionado con el coste de la deuda y la credibilidad de la Administración Pública. La semana pasada, el Tribunal de Cuentas transalpino reclamó a varios ejecutivos públicos italianos, así como a la entidad financiera Morgan Stanley, 4.100 millones en concepto de daños. El Tribunal detalló sus acusaciones pidiendo, a través de una citación, aclaraciones acerca del tema al Tesoro y a la entidad norteamericana.
Italia, de hecho, tuvo que pagar a principios de 2012 varios miles de millones de euros al banco norteamericano por contratos de derivados relacionados con la deuda pública firmados en la década de los noventa y reestructurados en el apogeo de la crisis de la eurozona. Las operaciones con derivados, tal y como defiende el Tesoro italiano, responden a la necesidad de protegerse contra los riesgos del mercado. Sin embargo, la firma de estos contratos se convirtió en un boomerang para las arcas italianas debido a, según el Tribunal de Cuentas transalpino en su citación, la "negligencia" de algunos directivos públicos.
En 1994, cuando el director general del Tesoro italiano era Mario Draghi, Roma concedió a Morgan Stanley la posibilidad de rescindir los contratos de derivados en caso de que la exposición de la entidad a la República italiana superara un umbral de entre 50 y 150 millones de euros. En el verano de 2011, cuando el diferencial de la prima de riesgo transalpina se disparó, el banco cerró todos los contratos. Sin embargo, señala el Tribunal de Cuentas transalpino, Morgan Stanley no tenía una motivación válida para el cierre ya que las cláusulas de los contratos firmados con Roma vinculaban la rescisión a la exposición crediticia y no al diferencial de la prima de riesgo.
Según los jueces italianos, el banco, de esta manera, "no ha cumplido con su papel de gestor de la deuda a largo plazo", resultando responsable de "patentes violaciones de los principios de buena fe e integridad en la ejecución de los contratos". Por su conducta, señala el Tribunal, Morgan Stanley es responsable de 2.800 millones, un 70% de los 4.100 de daños ocasionados por la rescisión de los contratos de derivados.
Lo demás, un 30% de la pérdida, se debe a la negligencia de varios altos directivos, empezando por Maria Cannata, que desde el año 2.000 ocupaba el cargo de directora general para la gestión de la deuda pública. A Cannata, que ha declarado "no tener conocimiento de la cláusula", se le imputa un daño por valor de 1.000 millones de euros, más que a su antecesor, Vincenzo La Via (113 millones), y que a los antiguos directores generales del Tesoro, Domenico Siniscalco (90 millones) y Vittorio Grilli (23 millones).
El problema, señalan los jueces, es que los directivos del Tesoro italiano han firmado durante años contratos "especulativos" que favorecían a los bancos otorgándoles la facultad de activar cláusulas en su favor. Además, el Tesoro no predispuso medidas colaterales que sirvieran como garantía frente a las pérdidas potenciales ocasionadas por los contratos de derivados.
Según el Tribunal de Cuentas, todo ello vendría motivado porque el Tesoro italiano, que gestiona una de las deudas públicas más grandes del mundo, sufría una "falta de recursos y personal adecuado", resultando incapaz de evaluar correctamente el riesgo de los contratos que subscribía.
