La máquina gubernamental de producción normativa está a la máxima presión. La entrada en barrena de la economía española y las cifras de empleo han obligado al Ejecutivo a buscar en sus arsenales toda la munición imaginable para plantar cara a los efectos del paro en las economías familiares y para estimular a las empresas a contratar. Por otra parte, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha aplazado la reunión con los sindicatos para hablar de los sectores en crisis.
A la medida de ayudar a pagar las cuotas de las hipotecas a los parados se añaden las propuestas que lanzó en la Mesa de Concertación sobre Políticas de Empleo el jueves el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
La propuesta del Gobierno, acogida con sorpresa y cierto desagrado por los agentes sociales, por lo que tienen de ruptura de la agenda en la que se venía trabajando, consiste en cuatro medidas concretas:
Bonificación a la contratación de parados con cargas familiares
Se bonificará con 1.500 euros al empleador que contrate con carácter fijo a los trabajadores. Según algunas fuentes, esta prima tendría validez anual, lo que supondría, según las generales de ley que podría prolongarse un máximo de tres años. Se trata de la bonificación más elevada de las existentes desde que se realizó la reforma laboral de 2006, salvo las destinadas a ayudas a la discapacidad.
Bonificaciones en las cuotas a empresas de tecnología
Las empresas de alta tecnología, de I+D, de energías renovables y de técnicas medioambientales pueden beneficiarse de bonificaciones genéricas a la creación de empleo fijo.
Ampliación de la prestación de desempleo en bloque
Los parados que quieren emprender una actividad empresarial como autónomos o en sociedades laborales o cooperativas pueden pedir que la prestación a la que tengan derecho se les entregue en bloque hasta el 60%, en lugar del 40 por ciento actual.
Regulación de la actividad de recolocación
Esta medida trata de dar cobertura legal a la actividad de las empresas de recolocación, que ahora se mueven en el ámbito de la consultoría de recursos humanos. Estas empresas no son mediadoras en el mercado de trabajo, por lo que no hay que confundirlas con las ETT convencionales. Las empresas de recolocación son contratadas por las empresas que realizan un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o un plan de prejubilaciones, para orientar a los trabajadores hacia otra nueva actividad. Ahora se pretende regular esta actividad para delimitar el contenido de este trabajo y evitar que se confunda con los mediadores de mercado. Uno de los aspectos a regular , según los expertos, es la remuneración de estos servicios, para que no pueda repercutir en los trabajadores en ningún modo. Frente a un coste medio de una prejubilación en torno a los 250.000 euros por trabajador, un plan de recolocación viene a tener un coste aproximado de 3.000 euros.
Plan para la industria
Las dudas permanecen ahora en el campo de las medidas que el Gobierno quiere poner en marcha dentro del sector industrial.
En la última reunión de la Mesa de Contratación sectorial, estuvo presente el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, aunque, según testigos presenciales se limitó a hablar del Plan de Ahorro Energético. No obstante, el ministro emplazó para el próximo lunes a los sindicatos en la sede del Ministerio. La reunión ha sido posteriormente anulada porque, al parecer, el ministro Miguel Sebastián quiere mantener previamente un encuentro del máximo nivel con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, antes de reunirse con las Comisiones de Seguimiento de la Concertación. A última hora de ayer, no constaba en las sedes de los sindicatos mayoritarios la citación de Miguel Sebastián, aunque en el Ministerio aseguraban que la agenda del ministro mantienen la cita del lunes.
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Corbacho se muestra flexible
