El paquete de medidas que elabora el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para echar un cable al sector inmobiliario está a punto de salir del horno. El organismo público abrirá una línea de crédito a las promotoras que destinen sus promociones de vivienda terminadas al alquiler. Una propuesta que tiene un presupuesto inicial de 3.000 millones de euros y que se destinará a financiar hasta el 50% del préstamo promotor de esos proyectos, que se sacarán al mercado para arrendar.
En un documento interno de la patronal G-14 Inmobiliarias por Excelencia, al que tuvo acceso este diario, se recogen los principales ingredientes de la receta que cocinó a mediados de septiembre el Gobierno para desatascar el parqué de viviendas que están terminadas y que las inmobiliarias no pueden vender por la falta de liquidez.
Los beneficiarios
En concreto, el ICO destinará 3.000 millones de euros a estas líneas de crédito, una cantidad que puede ser ampliable, si las condiciones macroeconómicas lo aconsejan y si existe demanda. Los beneficiarios de estos préstamos serán las empresas promotoras e irán destinados a financiar las casas terminadas que se destinen al alquiler.
Ese dinero irá dirigido a financiar como máximo el 50% del préstamo promotor. Las inmobiliarias cuando van a desarrollar una promoción de viviendas piden un crédito al banco. Más tarde, ese préstamo se subroga al cliente que ha adquirido la casa. Con la crisis del sector, las compañías no venden los pisos y, por lo tanto, ese crédito no pueden traspasarlo y su carga financiera se eleva hasta llegarlas a ahogar, en algunos casos.
La mitad de ese préstamo, que se ha convertido en una losa pesada, será financiado por el ICO. En cambio, la otra mitad será cubierta por el banco que inicialmente le concedió el dinero para el proyecto de esos pisos. El requisito que deberán cumplir a rajatabla las promotoras beneficiarias es que esas viviendas que iban a vender, ahora las tienen que alquilar durante un plazo de siete años.
Las condiciones económicas del préstamo también están ya dibujadas por parte del ICO. Las líneas de crédito que se concedan tendrán un plazo de vencimiento de siete años y se amortizará toda la deuda en esa fecha. En el caso de que la compañía quiera saldar su deuda con el organismo público antes de ese periodo podrá realizarlo sin penalización. Además, deberá coincidir con la fecha de revisión semestral del tipo de interés, que será euribor más un diferencial superior a un punto porcentual.
Las inmobiliarias beneficiarias deberán realizar esta operación con la entidad financiera que le concedió el préstamo promotor, que es además la que asumirá el riesgo del crédito. De hecho, las principales compañías del sector ya se han puesto en marcha para negociar con sus bancos y cajas para acudir a estas líneas de financiación.
Con este paquete de medidas, el Gobierno pretende impulsar la oferta del alquiler, que es muy inferior a la media de los países europeos, y facilitar un ajuste dentro del mercado inmobiliario. Y es que el panorama del sector de ladrillo están lleno de nubarrones. Por un lado, las compañías tienen acumuladas viviendas terminadas que no pueden vender. Por otro lado, hay una demanda interesada en comprar un piso, pero que tiene grandes dificultades para que los bancos le conceda hipotecas.
Dos años más de cuenta vivienda
