Que reformar la financiación autonómica no iba a ser fácil es algo que se daba por hecho. Sólo hay que pensar que el texto vigente debía haberse revisado ya en 2014. Sin embargo, las dificultades que está encontrando el grupo de sabios propuestos para diseñar la nueva propuesta de reparto están siendo mayores de lo esperado. En su reunión de este miércoles, los expertos no pudieron cerrar un borrador inicial sobre los primeros puntos del texto, tal y como estaba previsto. Fuentes conocedoras de estos trabajos aseguraron a elEconomista que las autonomías están encontrando muchas trabas por parte de los representantes del Estado.
El encuentro, que se prolongó el miércoles durante siete horas y media, no permitió llegar "a todo lo que se pretendía", explican las mismas fuentes. Sí se cerró un documento sobre autonomía tributaria, el primero de los puntos que los sabios se propusieron a enmendar, aunque no el más peliagudo. Bajo este epígrafe se incluyen temas como el debate sobre si las comunidades autónomas necesitan más recursos, sobre quién y cómo debe aportarlos o sobre si el Estado debe otorgarles más capacidad tributaria.
El problema está en que cada punto a debate y cada propuesta que los expertos hacen recibe numerosas objeciones constantes por parte de los sabios designados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que dificulta un debate ya de por sí complejo, en tanto que incluye 21 puntos de vista diferentes.
El avance está siendo, por tanto, más lento de lo previsto. Este hecho puede suponer un problema a la larga para cumplir los plazos de la tan traída y llevada reforma. El grupo de sabios debe presentar una propuesta a Cristóbal Montoro este mismo verano. En agosto se cumplirán seis meses desde su constitución, que es el plazo que les dio la Administración Central para elaborar su documento.
Sin embargo, y como ya ocurrió previamente, por ejemplo, con la reforma fiscal aprobada en 2014 (para la que Montoro también creó una comisión de expertos que diseñó su propia proposición), será finalmente Gobierno el que legisle sobre este asunto y deberá hacerlo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), de un lado, y con negociaciones con los grupos parlamentarios -que también se prevén difíciles-, de otro.
El Gobierno se había comprometido inicialmente a hacer todo lo posible para que el futuro modelo de reparto territorial pudiera estar listo este mismo año y entrar en vigor a comienzos de 2018.
Las fuentes consultadas por este diario confirmaron que la próxima reunión presencial del grupo de expertos sobre la financiación autonómica se celebrará en el plazo de catorce días, el próximo 10 de mayo.
Hasta entonces, el grupo seguirá intercambiando documentos de trabajo con sus propuestas sobre los siguientes asuntos a tratar, como es el de la nivelación, es decir, qué mecanismos se establecen para garantizar que todos los territorios puedan prestar los servicios públicos de forma equitativa.
Expectativas autonómicas
El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, aseguró este miércoles en el Congreso que la censura al actual sistema de financiación autonómica lleva a que se estén creando en los ciudadanos unas expectativas que quizá con el nuevo sistema "no se puedan cubrir", lo que a su juicio puede ser "un problema muy grave".
Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos remarcó que el discurso de algunos presidentes regionales pone en peligro las fórmulas de solidaridad que debe tener el modelo.
