El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González llegó poco antes de las 13.00 horas a la Audiencia Nacional, donde espera en los calabozos a ser llamado a declarar ante el juez Eloy Velasco por su implicación en la trama presuntamente corrupta desarticulada en la 'operación Lezo'. Se espera que declare esta tarde, después de negarse a hacerlo ayer ante la Guardia Civil.
González ha sido trasladado a la sede de la Audiencia en la calle Génova en un coche de la Guardia Civil tras pasar dos noches en las dependencias de la Comandancia Tres Cantos (Madrid).
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sospecha que González, detenido hace dos días, podría haber utilizado cuentas en Suiza para cobrar comisiones irregulares. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, está investigando, en concreto, movimientos realizados en 2007 a través del Anglo Irish Bank de Ginebra, una entidad que un año después fue adquirida por el Hyposwiss Private Bank Genève.
El propio González, negó "categóricamente" en 2014 ante Esperanza Aguirre, el entonces vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano y el coordinador de Organización del PP, Juan Carlos Vera, que tuviera una cuenta en Suiza.
La secretaria, la primera en declarar
Casi tres horas antes habían llegado, en autobús, su hermano Pablo; el expresidente ejecutivo de la Empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) Edmundo Rodríguez Sobrino, y su secretaria, Clarisa Guerra, que es la primera que ha entrado a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
Velasco decretó anoche e el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín, quienes fueron los primeros en pasar a disposición del en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.
Velasco les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal -un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción-, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. Estas dos personas están presuntamente relacionadas con la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao Engenharisa e Construçoes que hizo el Canal de Isabel II en 2013 por un importe de 23 millones de euros.
Además el juez ha tomado declaración en calidad de investigado al empresario Adrián de la Joya por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la multinacional OHL, y le ha dejado en libertad sin medidas cautelares.
Este jueves también prestaron declaración otros dos investigados en la misma causa, el presidente y el director de 'La Razón', Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara las irregularidades detectadas en el Canal de Isabel II.
La 'operación Lezo' estalló este miércoles y llevó inicialmente a la detención de 12 personas, de las que tres fueron puestas en libertad en las siguientes horas. Además del registro en las dependencias del Canal de Isabel II, la operación que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado también a la intervención en las sedes de OHL, Indra, Saerco y Licuas, además de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid.
Además, los agentes solicitaron en la sede de la consultora PriceWaterhouseCooper (PWC) los contratos de esta compañía con Agencia de Informática y Comunicación del Gobierno autonómico.
