El arsenal entregado por la organización terrorista apenas contaba con 106 armas y 3.000 kilos de explosivos. La izquierda abertzale y el Gobierno vasco piden que se cambie la política penitenciaria.
Los primeros indicios sobre el arsenal de ETA localizado en pasado sábado, a raíz del anuncio de su desarme, apenas alcanzan a unas 106 armas de fuego y unos 3.000 kilos de material explosivo. La dimensión final de las armas incautadas tardará días o semanas en conocerse, ya que las autoridades policiales y judiciales francesa y española están primando su análisis para el esclarecimiento de los cerca de 300 atentados de ETA que están aún sin clarificar.
En una primera valoración, el primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, señaló que la entrega de armas por parte de ETA supone "una etapa decisiva hacia el fin del terrorismo independentista vasco" y recordó que para llegar hasta este momento ha sido vital la cooperación policial y judicial con España.
Desde el lado español, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, recalcó que el Gobierno español no cambiará su estrategia de firmeza contra ETA. "Los terroristas no pueden esperan ningún trato de favor del Gobierno y mucho menos impunidad por sus delitos", manifestó, dejando claro que no habrá cambios en la política penitenciaria con los presos de ETA.
Examinar las armas
El primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, explicó que el material incautado en los ocho depósitos cuya localización proporcionó ETA está siendo examinado, bajo la dirección de la justicia francesa, "que trabajará como siempre en estrecha colaboración con la justicia española". Su prioridad ahora es comprobar si el material requisado "ayuda" a esclarecer investigaciones en curso y, además, "si el desarme es efectivamente total".
La cantidad de material entregado por ETA parece insuficiente y se circunscribe todo a almacenes en suelo francés.
También hay que tener en cuenta que la propia ETA días antes de la entrega de las armas, adelantó a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), que encabeza el profesor Ram Manikkalingam, que no podría entregar todo su armamento, ya que había perdido la localización de parte de sus escondites.
Según lo que inicialmente dijeron los representantes civiles del desarme, los denominados "artesanos de la paz", el arsenal incautado en la operación policial de diciembre de 2016, en la localidad francesa de Louhossoa, equivalía al 15 por ciento de las armas en posesión de ETA, lo que colocaba su arsenal en unas 350 pistolas y rifles.
Asimismo si se atiende a otras operaciones policiales, según datos de Florencio Domínguez en El Correo, en 2016 la intervenciones policiales, por si solas, ya lograron incautarse de 114 armas y si se analiza el periodo 2002-2011 se intervinieron un millar de armas y 13 toneladas de explosivos.
Así, la relevancia del material incautado más que por su cantidad, radica en el factor cualitativo: en la entrega unilateral de armas de ETA a la Policía francesa. Se trata de la derrota de ETA, a la que sólo le resta ya declarar su disolución.
En una comparecencia pública, sin opción a preguntas, el lehendakari Iñigo Urkullu, acompañado del mediador Ram Manikkalingam, desvinculó el desarme de ETA de cualquier gesta épica, para situarlo como el hito que "certifica definitivamente que ni una sola de las víctimas provocadas por ETA debió producirse nunca".
Los presos como trueque
La jornada del sábado en Bayona se convirtió en un acto de exaltación del mundo de la izquierda abertzale, con una concentración ciudadana a la que acudieron miles de personas.
En los numerosos discursos populares protagonizados por miembros de EH Bildu, por los denominados "artesanos de la paz", incluso del arzobispo católico de Bolonia y otro padre de la Iglesia Metodista de Irlanda, se apeló a la necesidad de consolidar la paz, atendiendo a las consecuencias del conflicto.
En este sentido, el dirigente de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, lo dejó muy claro. A partir de ahora hay que "seguir trabajando por las cuestiones de los presos, las víctimas y la desmilitarización del país" -una forma de decir que abandonen Euskadi la Policía nacional y la Guardia Civil-.
A pesar de que el lehendakari Urkullu, en su comparecencia tras el desarme, no hizo apelación alguna a los presos de ETA, el secretario de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco, Jonan Fernández, manifestó que el "desarme sin contrapartidas" tiene que permitir "cambiar determinadas cuestiones como la política penitenciaria" de convivencia y reflexión del pasado.