Falta una semana para la presentación del DEF, el documento de Economía y Finanzas, la hoja de ruta de la política presupuestaria italiana, pero las negociaciones entre el Gobierno y el partido de mayoría relativa todavía no han terminado. Por un lado está el Ejecutivo de Paolo Gentiloni, obligado a cuadrar las cuentas frente a Bruselas que pretende un ajuste de 3.400 millones de euros para evitar un procedimiento de infracción sobre el déficit transalpino, y por el otro está Matteo Renzi, antiguo primer ministro y favorito en las elecciones primarias del Partido Demócrata (PD) que el 30 de abril designarán el candidato a la presidencia del centroizquierda en las generales de 2018. El fraude fiscal cuesta a Italia 110.000 millones al año
Renzi y Gentiloni tienen intereses opuestos: el primer ministro no quiere perder la cara y trabaja para mantener los compromisos presupuestarios, mientras el antiguo mandatario quiere tensar la cuerda con la Comisión Europea para ganar apoyos y acortar distancia con el movimiento antisistema M5S (partidario de un referéndum sobre la salida de Italia del euro) que se está afianzando como primera fuerza en Italia.
La discrepancia entre Renzi y su antiguo ministro de Exteriores se midió hace una semana durante las celebraciones de los Tratados de Roma. Gentiloni subrayó "los muchos desafíos que Europa tiene por delante", alabando la declaración solemne firmada por todos los líderes de la UE, un objetivo que no se logró durante las celebraciones de los 50 años. "Los italianos estamos orgullos de haber contribuido a ese resultado" añadió el primer ministro italiano. Renzi, por su parte, atacó: "Estamos llevando la democracia allí donde solo hay burocracia. Europa no puede ser un conjunto de normas fiscales que luego nadie respeta".
En las últimas semanas la distancia entre los dos se ha convertido en un pulso sobre el próximo ajuste. El Gobierno tiene que detallar las medidas requeridas por Bruselas durante el mes de abril, es decir, en las últimas semanas de la campaña electoral para las primarias del PD.
Por esto Renzi, con la vista puesta en las elecciones, intenta obstaculizar cualquier subida de impuestos. Si el Ejecutivo propone aumentar los impuestos sobre la gasolina, el tabaco y el alcohol, Renzi se opone y propone luchar contra el fraude fiscal del IVA y recortar el gasto de los ministerios, indicando que su próximo Gobierno volverá a bajar los impuestos.
Entre la espada y la pared, Gentiloni podría encontrar un compromiso aumentando sólo los impuestos sobre alcohol y tabaco, pero sin afectar a la gasolina. Sin embargo otro punto muy controvertido son las privatizaciones. La venta de empresas públicas casi se ha parado durante 2016. Así, el año pasado solo salió a Bolsa la empresa Enav, la agencia nacional que controla el tráfico aéreo con una recaudación para las arcas públicas de apenas 250 millones de euros. Ahora, el Tesoro quiere volver a privatizar empresas utilizando estos recursos para parar el crecimiento de la deuda pública. El Gobierno quiere recaudar 8.000 millones de euros, sobre todo, gracias a la salida a Bolsa de Ferrovie dello Stato, la Renfe italiana. Pero el ministro de Infraestructuras, Graziano del Rio, muy cercano a Renzi, se opone a la venta en bloque de todo el grupo y pide vender solo la operadora, dejando la red ferroviaria en manos del Estado. Una operación que sin embargo no garantizaría la recaudación suficiente para cuadrar las cuentas públicas transalpinas.