España se ha convertido en ejemplo elocuente del cambio del mensaje político dirigido a las capitales para mantener sus Presupuestos en línea. La cuarta economía del euro se encuentra seriamente desviada de la senda del déficit y no ha progresado lo suficiente en la reducción de sus desequilibrios macroeconómicos. Más aún, la estabilidad política es sólo un espejismo, como ilustra la dificultad del Gobierno del Partido Popular para aprobar los Presupuestos e incluso el riesgo de que se convoquen elecciones anticipadas.
A pesar de ello, las instituciones comunitarias encabezadas por la Comisión Europea evitan pedir más esfuerzos a nuestro actual Ejecutivo. De momento prefieren no apretar demasiado al Gobierno español por las dificultades con las Cuentas para este año para no agitar la única gran economía que, de momento, puede escapar de pasar por las urnas.
Pero una eventual disolución del Parlamento y una nueva convocatoria de elecciones, las terceras desde diciembre de 2015, pondría agotar la paciencia de las autoridades comunitarias, de modo que pasaran a situar a nuestro país en una situación extrema respecto al cumplimento del déficit.
Una décima, muy frágil
Aunque España se desviará cuatro décimas del objetivo de déficit para este año (3,1% del PIB), y siete del año que viene (2,2% de meta), el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, valoró el pasado mes que nuestro país conseguiría a pesar de todo rebajar el desfase por debajo del 3% en 2018, el límite que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y en el periodo marcado por la Unión Europea el pasado verano. Pero esa décima de escaso colchón por debajo de la barrera del pacto resulta demasiado frágil para soportar la convocatoria de una nueva cita electoral, con el parón político que implicaría, y los riesgos de un entorno demasiado volátil, incluso si los efectos del Brexit no se dejarán notar de momento.
Nuestro país se encuentra actualmente en el procedimiento por déficit excesivo. El pasado verano, España, junto con Portugal, se convirtieron en los primeros países del club comunitario sancionados por violar el Pacto de Estabilidad, por el reiterado incumplimiento de los objetivos a pesar de las prórrogas ofrecidas.
No obstante, la Comisión Europea decidió perdonar a Madrid y Lisboa una multa del 0,2% del PIB (algo más de 2.000 millones de euros en el caso español) dado que el contexto político desaconsejaba castigar a uno de los socios que más había ajustado su economía.
Con la aprobación de los nuevos objetivos fiscales en agosto, nuestro país detuvo el proceso de infracción, y volvió a la casilla cero con una nueva trayectoria fiscal. Eso sí, tuvo que enviar a Bruselas antes del 15 de octubre "medidas efectivas" para corregir el desequilibro de sus cuentas. Si España no hubiera enviado estas medias, que incluyeron la reforma del Impuesto de Sociedades, se podría haber enfrentado a una multa de hasta 5.000 millones de euros.
