Los estibadores vuelven a la carga tras cuatro días de calma chicha en los muelles de carga. El primer round de las negociaciones entre patronal y sindicatos bajo la atenta mirada de Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, se ha saldado con una convocatoria de nueve días de huelga.
Los paros anunciados, que se celebrarán en días alternos entre el 6 y el 25 de marzo, buscan forzar al Ministerio de Fomento a frenar la reforma de la estiba hasta que salga un acuerdo de la mesa de negociación colectiva.
Y es que, el sindicato mayoritario Coordinadora quiere dejar la puerta abierta a que se incluyan en el nuevo Real Decreto ley los acuerdos que se alcancen con la patronal. "El Gobierno no debe aprobar la reforma de la estiba hasta que no haya acuerdo y vuelva a sentarse en la mesa de negociación", explicaron fuentes sindicales al termino del primer encuentro. En esta línea, Antolín Goya, coordinador general del sindicato mayoritario, reclamó la presencia del Ejecutivo en las negociaciones antes de la primera reunión. "En la negociación debe estar esa tercera pata, el Gobierno. De las negociaciones puede surgir algo que puede modificar el Real Decreto Ley, aunque sin cambiar las líneas generales", apuntó.
Fomento urge su aprobación
El departamento que dirige Íñigo de laSerna tiene previsto aprobar el Real Decreto este viernes 24 de febrero y no contempla realizar cambios en el texto de la reforma que ya ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea (CE). En este punto, el ministro, que ya ha retrasado una semana la tramitación del Real Decreto ante la falta de acuerdos en el Parlamento, urgió en el Senado a los agentes sociales a llegar a un pacto y recordó que no puede haber más aplazamientos porque España se juega "una multa de 134.000 euros diarios" si no cumple la sentencia de la Unión Europea, que exige liberalizar el sector. En este sentido, fuentes de Fomento recordaron que las partes tienen un plazo de un año para llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo por lo que no "una cosa no tiene que estar vinculada a la otra".
"El Real Decreto Ley da un margen de un año para adaptar los convenios colectivos", apuntó en este sentido De la Serna en su comparecencia en el Senado antes de recordar a sindicatos y patronal que "tienen la obligación de dialogar y alcanzar acuerdos evitando generar un daño importante a España y al conjunto de su economía".
La nueva convocatoria de huelgo es mucho más agresiva que la de tres días anunciada a principios de mes. Los paros, que serán los lunes, los miércoles y los viernes en las horas impares, amenazan de nuevo con paralizar los puertos españoles, que siguen sufriendo "huelgas encubiertas y coordinadas". En este sentido, la patronal Anesco ha denunciado que la productividad de los puertos de Valencia, Alicante y Cádiz ha caído un 23% en la última semana.
Pese a las acciones de presión, los representantes de los trabajadores aseguran que las negociaciones con la patronal "no se han roto" y que el miércoles se celebrará un nuevo encuentro.
La postura de la patronal
Por su parte, la patronal Anesco, que ha lamentado la convocatoria de huelga, ha abierto la puerta a negociar la continuidad en el empleo y respetar la preservación de los derechos adquiridos por los trabajadores de la estiba, en la formación y la prevención de riesgos laborales. En este punto, los sindicatos han puesto como condición seguir controlando la formación de las plantillas. En cuanto a riesgos laborales, ha reclamado protocolos de prevención contra el alcoholismo y la drogadicción en los puertos.
Además de las cesiones, la patronal considera indispensable que las empresas estibadoras puedan desarrollar de forma real y efectiva la dirección, organización y control de sus trabajadores, como ocurre en el resto de sectores. "Consideramos imprescindible que se garantice la igualdad de condiciones entre los operadores actuales y los nuevos operadores que se instalen en el futuro ante los acuerdos que se puedan alcanzar", sentenció la patronal que en más de una ocasión ha mostrado su rechazo al periodo de tres años de transición que obliga a las empresas a contratar el 75% de su plantilla de las SAGEP el primer año, el 50% el segundo y el tercero el 25%.
