El Consejo de Ministros dará luz verde hoy a la comisión de expertos que tiene por delante la nada desdeñable tarea de reformar el sistema de financiación autonómico. Cada gobierno territorial propuso el nombre del sabio al que le tocará velar por sus intereses en el cónclave, que iniciará sus trabajos los próximos días. El objetivo es que antes de final de año el nuevo texto esté listo y que el modelo entre en vigor lo antes posible.
La nueva intentona parece contar con más voluntad de consenso, habida cuenta de cómo se desarrolló la última Conferencia de Presidentes, en la que el Gobierno Central quiso dar un protagonismo evidente a este asunto. Sin embargo y pese a los pactos globales que se alcanzaron en esa cita, el desarrollo de la letra pequeña hace prever algunas desavenencias. No en vano hablamos de diseñar cómo se repartirán los recursos económicos disponibles cada año entre las comunidades autonómicas y de éste depende la prestación de los servicios públicos esenciales, como la Sanidad, la Educación o la Dependencia.
Entre los acuerdos que sí se incorporarán al futuro texto se incluye el de que los gastos en dependencia pasen a formar parte del nuevo modelo, una propuesta del gobierno de Extremadura. Además se convino que el nuevo sistema esté basado en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió, además, a abordar al mismo tiempo la reforma de la financiación local.
Armonización fiscal
Uno de los asuntos más espinosos será el de la armonización fiscal. Andalucía, la Comunidad Valenciana y el resto de autonomías socialistas junto a Castilla y León reclaman que el Ministerio de Hacienda fije una horquilla con topes mínimos y máximos para los impuestos cedidos a las autonomías: Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Estos territorios acusan a la Comunidad de Madrid o Galicia de competencia fiscal "desleal" o dumping. Así aseguran que sus bonificaciones y exenciones son más que un reclamo para los ciudadanos de sus regiones.
Ni Madrid ni Galicia parecen dispuestas a endurecer su política tributaria y reclaman al resto que hagan a la inversa ese esfuerzo de homogeneización que tanto reclaman.
Habrá que ver, además, qué posición adopta finalmente la Generalitat de Cataluña, que pese a no participar en los foros de debate previos pretende estar al tanto de las decisiones que se adopten. Carles Puigdemont, una de las dos ausencias marcadas del último cónclave autonómico, parece inflexible en su idea de pactar de forma bilateral con el Estado sobre este asunto. Es exactamente lo mismo que reclama Íñigo Urkullu para el País Vasco, quien ha renovado el mensaje sobre la "singularidad del autogobierno de Euskadi".
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que busca un consenso autonómico pero también con los grupos -para salvar la minoría parlamentaria que tiene atado de pies y manos al Gobierno- incide en que el nuevo modelo debe respetar el principio de ordinalidad, es decir, debe reducir la brecha entre las autonomías más ricas y las más pobres, pero no invertir su orden.
¿Quién es quién en la negociación?
Los líderes autonómicos difieren al interpretar cómo debieran repartirse en adelante los recursos entre las comunidades.
Ximo Puig (Comunidad Valenciana)
Reclama que el nuevo modelo entre en vigor este mismo año y con efectos retroactivos desde 2014. Apuesta por algún tipo de reestructuración de la deuda autonómica que dé viabilidad a los territorios.
Carles Puigdemont (Cataluña)
No piensa participar en ningún foro multilateral con el resto de CCAA para abordar la reforma y exige una negociación bilateral con el Gobierno. No liderarán nada, pero no se desentenderán.
Cristina Cifuentes (Comunidad de Madrid)
Se niega a subir Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, como le reclaman otras CCAA e incide en que éstas también pueden bajarlos y aplicar así la armonización que defienden.
Susana Díaz (Andalucía)
Apuesta por una armonización fiscal que fije topes máximos y mínimos en los tributos cedidos para evitar el dumping entre regiones. Se buscaría una fórmula similar a la del IRPF.
Íñigo Urkullu (País Vasco)
El lehendakari no participará en ninguno de los foros sobre financiación y reclama también una relación bilateral con el Estado basada en la "singularidad del autogobierno de Euskadi".
Javier Fernández (Asturias)
Confía en que salga adelante el pacto demográfico, el asunto que más preocupa a su región. Asturias es también partidaria de la armonización y cree que beneficiará al Estado del Bienestar.
Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha)
Ve necesario valorar el coste efectivo de los servicios públicos, pero también que se compute qué impuestos se cobran y cómo pueden cobrarse para evitar competencia desleal entre autonomías.
Guillermo Fernández Vara (Extremadura)
Su autonomía lideró la petición de que el nuevo modelo incluya, también, los gastos en políticas de dependencia. Extremadura blindó recientemente el nivel de gasto que dedicará a Sanidad.
Alberto Núñez-Feijóo (Galicia)
Se niega a subir impuestos o a recuperar Patrimonio en aras de la armonización fiscal. Pide que el Gobierno Central no dé a Cataluña "poder de veto" sobre la reforma del sistema.
Uxue Barkos (Navarra)
La autonomía, con su propio régimen foral, no votará las decisiones sobre el modelo -dado que es un asunto que negocia con el Estado- aunque sí participará en las reuniones.
Miguel Ángel Revilla (Cantabria)
Defiende que el futuro sistema incorpore el coste efectivo de los servicios públicos en cada comunidad. La despoblación y la orografía determinan su prestación en Cantabria.
Javier Lambán (Aragón)
La dispersión de la población, el envejecimiento o el declive de la demografía afectan a las autonomías, que reclama tenerlos muy presentes en el próximo sistema de financiación.
Juan Vicente Herrera (Castilla y León)
Lamenta que el sistema actual solo valore el coste de los servicios en función de la población absoluta y sin apenas tener en cuenta su envejecimiento o la superficie y ruralidad de la autonomía.
Francina Armengol (Baleares)
Reclama fijar el modelo de financiación en la Constitución. Defienden tener capacidad fiscal propia y que no sea el Estado quien fije de forma discrecional el reparto de recursos.
Fernando Clavijo (Canarias)
El Gobierno Central desvinculará el Régimen Económico y Fiscal del sistema de financiación. El cambio supone que Canarias podrá beneficiarse del Fondo de Competitividad.
Pedro Antonio Sánchez (Región de Murcia)
Pide un modelo más transparente que garantice a igual esfuerzo fiscal niveles similares de financiación por habitante; así como un equilibrio vertical entre las distintas administraciones.
José Ignacio Ceniceros (La Rioja)
Apuesta por que en vez de primar el número de habitantes, el nuevo modelo de financiación atienda al tamaño del territorio, la dispersión o el envejecimiento de la población.
Abel Caballero (Presidente de la FEMP)
Las entidades locales reclaman al Gobierno de Mariano Rajoy una reforma inmediata de la financiación local; poder gastar el superávit alcanzado y que Hacienda les flexibilice de una vez el techo de gasto.
