Casi cinco años y 137.970 millones después (hasta septiembre de 2016, la cifra actual es aún mayor), empiezan a escucharse voces que recomiendan si no cerrar el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, sí empezar a pensar en su retirada. César Cantalapiedra y Salvador Jiménez, analistas de Afi, señalan en la revista Cuadernos de Información Económica que "es discutible que el Tesoro tenga que seguir incentivando esta vía de financiación en todos los casos".
En su opinión, hay tres motivos por los que el Fondo de Comunidades Autónomas, antiguamente conocido como FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) debería retirarse: genera incentivos perversos en el compromiso con la estabilidad presupuestaria, genera discrecionalidad y asimetría en el reparto de recursos y, además, "alejar por mucho tiempo a las comunidades autónomas de los mercados de capitales supondrá costes de reentrada en el futuro que deberían evitarse".
Los autores subrayan que, a pesar de la mejoría de los mercados en 2016, las comunidades autónomas cubrieron dos terceras partes de sus necesidades de financiación a través de los mecanismos del Tesoro. En total, el año pasado el Estado aportó 31.373 millones de euros a las regiones que voluntariamente lo solicitaron.
Aumentan las emisiones de las CCAA
A pesar de ello, sí se notó un mayor atrevimiento autonómico en los mercados, ya que hasta seis comunidades buscaron financiación entre los inversores: a Madrid, País Vasco y Navarra, que habían colocado deuda en años previos, se sumaron Asturias, Castilla y León y La Rioja. En total, realizaron 25 emisiones, aunque su importe no creció en demasía: pasó de los 3.473 millones de 2015 a 4.165 en 2016.
Según los autores, el motivo de la preferencia de las comunidades por financiarse a través del Tesoro y no directamente es la "clara subvención que el Gobierno está practicando en la financiación de las CCAA. Los autores subrayan que, actualmente, "el Tesoro no está trasladando ningún coste por el proceso de intermediación y, además, ha ofrecido un tipo del 0% durante los tres primeros años para las CCAA que cumplan con la estabilidad presupuestaria".
De acuerdo con los cálculos de Cantalapiedra y Jiménez, el Tesoro ha dedicado el 40% de sus emisiones netas a financiar a las comunidades autónomas durante los últimos cinco años. Esto ha supuesto un "sobreendeudamiento de 140.000 millones de euros desde 2012".
La Airef apuesta por la retirada
Por todo ello, defienden que es "discutible que el Tesoro tenga que seguir incentivando esta vía de financiación, disuadiendo de salir al mercado a quienes tienen oportunidad de hacerlo". En su opinión, "el contexto actual permite el retorno de las CCAA a los mercados y el Tesoro debería centrarse en auxiliar a las que aún no pueden hacerlo".
Además, "en un Estado tan descentralizado como España, cada administración debe asumir su responsabilidad fiscal", sobre todo, cuando existen otros grandes retos que exigirán el aumento de la deuda pública, como es el previsible agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Pero estos autores no son los únicos que se han mostrado partidarios de empezar a retirar el FLA. Hace unos días, José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), se manifestó favorable a la coincidencia de la reforma del sistema de financiación autonómica con la eliminación progresiva de los mecanismos de financiación extraordinaria.
Los datos tras cinco años de FLA
Tras cinco años financiando a las CCAA, el Estado es propietario del 50,7% de la deuda autonómica y eso que no posee nada de País Vasco y Navarra. En el extremo más dependiente están Murcia y Comunidad Valenciana, que han puesto en manos del Tesoro más del 73% de su deuda.
Otras seis CCAA, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña deben al Estado más del 60% de sus créditos. Estas cifras contrastan con las de Madrid, la autonomía de régimen común menos dependiente del FLA, al que sólo ha confiado el 6,5% de su deuda.
