Economía

El Gobierno gasta en pagar el paro 1.200 millones menos de lo previsto

  • El Sepe abonó 18.636 millones en 2016, frente a los 20.000 presupuestados
  • La factura de prestaciones cae un 42% desde 2010, pese a un paro similar

El Gobierno gastó 1.200 millones menos de lo previsto en pagar las prestaciones por desempleo a lo largo del año 2016. En concreto, los abonos totales a cargo del Servicio Público de Empleo (Sepe) ascendieron a 18.636 millones de euros frente a los 19.820 millones que el Departamento que comanda la ministra Fátima Báñez había estimado como necesarios para sufragar las prestaciones. ¿Por qué las prestaciones caen al nivel de 2007 pese a tener el doble de paro?

Así, la factura por desempleo se redujo casi un 10% respecto al año anterior y cae ya un 42% desde el año 2010, cuando el Estado dedicó más de 32.000 millones a afrontar una tasa de paro que escalaba por encima del 20%, por primera vez desde los años 90.

El ahorro de 1.200 millones ha permitido al Ejecutivo enjugar el enorme déficit de la Seguridad Social, cifrado por Fátima Báñez en el 1,7%. El Sepe forma parte del sistema, por lo que ese superávit ha logrado cerrar levemente un agujero en el pago de las pensiones de algo más de 19.000 millones de euros. El fenómeno no es nuevo: el año pasado este organismo, del cual penden las prestaciones que cobran los desempleados, también fue presupuestado erróneamente y con un desfase mucho mayor, de casi 4.000 millones.

Paro de larga duración

Entre los factores que explican la reducción de la factura se encuentran, obviamente, la caída en más de 541.700 personas del número de parados, ahora en 3,7 millones; pero también la enorme desprotección en la que se encuentran muchas de las personas en situación de desempleo. Con una tasa de cobertura que en diciembre se situó en el 56,6%, hay 1,62 millones de parados, según cálculos de este periódico, que han agotado su derecho a cobrar una prestación.

La tasa de cobertura, además, ha repuntado respecto a lo sucedido el resto del año. En abril y mayo se situó en "mínimos históricos", tal y como denuncia el sindicato CCOO, ya que se situó en un pírrico 52,9%. No es extraño, por tanto, que las cantidades mensuales que ahora abona el Sepe oscilen entre los 1.450 millones y los 1.550 millones de euros, cuando durante lo más duro de la crisis -periodo comprendido entre 2010 y 2012-, esa factura fuera casi del doble, 3.000 millones de euros.

Se da la circunstancia de que el volumen de gasto en prestaciones de 2016 cayó en más de 17.000 millones respecto al año 2010, como antes mencionamos, en dos ejercicios muy parecidos en cuanto a la tasa de paro. Hoy está en el 18,6%, sí, pero se situó en el 20% durante el primer semestre. En 2010 sucedió lo inverso: la tasa se aupó al 20% a final de año, frente al 18% del inicio. La cobertura alcanzaba entonces a 3 millones de personas (el 80% de los desempleados y ahora solo a 2,1 millones (el 56,6%).

Hoy, la partida del pago de prestaciones de desempleo, que llegó a ser más importante que la de intereses de la deuda, es un 40% inferior a la segunda (hay presupuestados 31.500 millones para este año) y supone una sexta parte de lo que el Estado tiene que dedicar al año a pagar los 9,4 millones de pensiones. La cifra llama la atención, porque el número de pensionistas no triplica al de parados.

Un alivio presupuestario

De cara a este año, y con la prórroga presupuestaria en plena vigencia, el pago de prestaciones por desempleo podría propiciar una alegría más grande que la de 2016. En principio, el Sepe debería contar con una dotación similar a la del cierre del ejercicio precedente, es decir, 18.636 millones de euros. Sin embargo, y si el ritmo de creación de empleo se mantiene por encima del 2% y la tasa de paro se reduce al 17,4%, es previsible que el gasto que la Seguridad Social deba dedicar a pagar a desempleados oscile entre los 17.000 millones y los 17.500 millones de euros.

Se conseguiría, de esta forma, un nuevo ahorro adicional de al menos una décima de déficit en un ejercicio especialmente delicado, en el que el desvío presupuestario debe ser de 16.000 millones de euros (de un déficit del 4,6% a otro del 3,1%) y cuando el IPC, al 3% en enero, puede provocar que esa exigente reducción no se cumpla.

El previsible superávit del Sepe -y van cuatro años- ayudará a compensar de nuevo el agujero de las pensiones, que en el mejor de los casos oscilará en torno a los 19.000 millones del año anterior.

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