El diágnóstico está claro: el sistema de pensiones español está débil y es insostenible en el medio plazo. Falta despejar la incógnita de qué remedio aplicar al enfermo y cómo hacerlo antes de que el envejecimiento de la población sea una variable demasiado grande para controlarla. Los expertos advierten de que, con las condiciones demográficas españolas y la hucha de las pensiones en mínimos, las soluciones propuestas -aumento de edad de jubilación, elevar los años de cotización o los incentivos a prolongar la vida laboral- no son suficientes para salvar el actual sistema de reparto. Mantener el modelo actual exigiría "bien un drástico recorte de las pensiones o bien hacer recaer sobre las generaciones futuras una carga fiscal insoportable", recoge el análisis La reforma de las pensiones, de la consultora Freemarket Corporate Intelligence.
Cualquiera de estas opciones o una combinación de ambas tendría consecuencias negativas para la economía y podría conducir, además, a una "guerra intergeneracional".
El número de pensionistas crece de forma exponencial mientras se reduce la población activa. En 2016 se situó en 8,6 millones de personas. En 2052 serán un 45% más, 15,6 millones de jubilados.
La pérdida de población activa se traducirá en un brutal aumento de la tasa de dependencia, que pasará del 53,5% actual al 62,2% en 2031 y al 92,9% en 2051. Es decir, para entones por cada 100 personas en edad de trabajar habrá 92,9 inactivas.
¿Cómo conjugar estos factores con unas jubilaciones dignas? Los expertos apuntan hacia un sistema mixto de reparto, un modelo similar al que ya se aplica con éxito en países nórdicos. Desde Freemarket plantean una transformación progresiva, ya que las iniciativas planteadas hasta ahora son "parches" que no resuelven el problema de un sistema de retiro que es "uno de los más onerosos de la OCDE" y tiene una "bomba de relojería demográfica en su estructura".
Esto hace necesario una reforma estructural hacia un sistema de capitalización. Desde Freemarket plantean un sistema mixto que compatibilice la capitalización obligatoria y la aportación voluntaria. Las contribuciones se depositarían en una cuenta personal residenciada en entidades creadas expresamente con este fin, un instrumento que en otros países se ha llamado Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Se trata de empresas privadas controladas y sometidas a regulación estatal y que deber ser supervisadas por un organismo público independiente.
Tres partidas
En estos momentos, las contribuciones que aportan los trabajadores a la Seguridad Social no se acumulan en ningún fondo, sino que se emplean en sufragar las pensiones de los que ya están jubilados, con la perspectiva de que las generaciones futuras soporten las pensiones de los que actualmente están contribuyendo.
En el modelo mixto, en cambio, cada trabajador realizaría una aportación voluntaria del 13% de su sueldo a las AFP, porcentaje que podría incrementarse otro 10% si se quiere aumenta la jubilación futura. Al mismo tiempo, se realiza una aportación complementaria del 3% que se destina a un seguro para cubrir imprevistos, siniestros y el coste de administración de las entidades depositarias.
En total, hablamos de una contribución del 26%, todavía 2,5 puntos por debajo del 28,5% de salario que aporta de media un trabajador a la Seguridad Social en estos momentos.
De forma paralela, los trabajadores podrían aportar más a su fondo de capitalización de forma voluntaria. Este modelo también prevé que un trabajador tenga la libertad de poder alargar su vida laboral al tiempo que cobra su pensión, una vez que haya superado la edad que le da derecho a percibirla.
Pero, ¿qué pasa con los que no generen suficientes ingresos y carezcan de un fondo de capitalización mínimo? En esos caso, el Estado asume la obligación de complementar con recursos tributarios generales la pensión de cualquier trabajador que no alcance el nivel que se establezca como pensión mínima.
La transición
El sistema actual dista mucho de un modelo que de ahorro individual, lo que exige un plan de transición que en Freemarket plantean en tres bloques.
Los menores de 25 años y quienes se afilien por primera vez a la Seguridad Social se incorporarían de forma automática al nuevo sistema.
Los trabajadores de entre 25 y 45 años podrán elegir entre permanecer en el sistema de reparto o mudarse al de capitalización. Los mayores de 45 años permanecerían en el modelo actual. Durante la fase de transición, la diferencia de las tasas de cotización entre ambos irían a una tasa de aporte a la transición que contribuiría a financiar el déficit del modelo de reparto.
