La mayoría de los grupos parlamentarios, salvo el PP y Ciudadanos, han aceptado el inicio de la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las familias sin recursos, procedente de una iniciativa legislativa popular (ILP) de los sindicatos CCOO y UGT. Asimismo el Congreso ha aprobado, con el voto en contra del PP, que los ministerios cierren a las seis.
El Pleno de la Cámara Baja ha votado a favor de la toma en consideración de la iniciativa, para la que los sindicatos recabaron más de 700.000 firmas, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo del PP y Ciudadanos, con lo que se podrá iniciar su tramitación y abrir un periodo de enmiendas. De hecho, el pleno ya aprobó en diciembre una moción del PSOE que reclamaba un ingreso mínimo vital para los desempleados sin prestaciones.
Los sindicatos se reunieron el lunes con Unidos Podemos y el martes con el PSOE, PNV, Bildu y PDECat, que en todos los casos adelantaron su respaldo a la tramitación de la propuesta, especialmente los socialistas, que defenderán la iniciativa durante el debate de la toma en consideración.
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, asistirán al debate de la iniciativa tras haberla defendido hace dos semanas en la Comisión de Empleo del Congreso y garantizar que la aprobación de la renta mínima es "asumible".
Requisitos y cuantía
La proposición de ley busca fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros.
En concreto, los requisitos de los beneficiarios son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones por desempleo, que la renta per cápita sea inferior a 5.837 euros anuales y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La cuantía de la prestación estaría en el 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.
Para poder sufragar el importe total de la prestación se necesitarían casi 12.000 millones de euros, lo que supone el 1,1% del PIB, mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se situaría entre el 0,2% y el 0,4% del PIB.
Las posturas de los grupos
Desde los grupos parlamentarios, el Grupo Socialista han apoyado desde el principio la creación de una renta mínima para personas sin ingresos propuesta por los sindicatos. De hecho, este planteamiento ya iba en el programa electoral socialista y el PSOE, que defenderá la iniciativa en el pleno, tiene la intención de que se incremente la prestación por hijo a cargo durante la tramitación de la ley.
Por su parte, desde Unidos Podemos ya anunciaron que respaldarían la iniciativa, pero presentarán enmiendas. Para la formación 'morada' la renta debería alcanzar los 600 euros mensuales, y conforme al Plan de Rentas que presentó en 2015, debería haber una "complementaria" para los trabajadores que tengan sueldos inferiores a los 900 euros, lo que en conjunto afectaría a 7,8 millones de personas y costaría alrededor de 15.000 millones de euros, el equivalente al 1,5% del PIB.
A su vez, el PDECat ha mostrado también su apoyo a la iniciativa aunque ya anunció que presentaría enmiendas parciales relacionadas con la cuantía de la prestación.
De su lado, el PP rechazará la toma en consideración de la ley al ser económica y políticamente "inasumible", a lo que se suma que, a su juicio, una renta así podría "desincentivar" la búsqueda de empleo.
En esta línea, el grupo parlamentario de Ciudadanos tampoco apoyará la creación de esta prestación de ingresos mínimos porque supone el elevado coste que supone, que considera que no se puede financiar en estos momentos, y pidió "no hacer políticas públicas basadas en ocurrencias".
