Los últimos cinco años el Ministerio de Hacienda dedicó 84.990 millones de euros, el equivalente al 8% del PIB español, al pago de facturas a los proveedores de las comunidades autónomas. Los mecanismos de liquidez puestos en marcha por el Gobierno Central permitieron además a los ejecutivos territoriales atender vencimientos de deuda por valor de 77.697 millones de euros en ese mismo periodo.
Más de la mitad de todos los préstamos que el Estado concedió a los gobiernos territoriales hasta 2016 fueron a parar a Cataluña y Comunidad Valenciana. Entre las dos suman más de 110.805 millones (del total de 202.787 millones de euros percibidos por el conjunto de las comunidades autónomas), una cantidad que difícilmente hubieran conseguido por sí solas en los mercados.
La muestra más evidente es que hace apenas unos días la agencia de calificación Fitch decidió mantener a Cataluña en el nivel de bono basura y con perspectiva negativa, al entender que 2017 va a ser un ejercicio muy complicado para la Generalitat que tendrá que hacer frente a importantes vencimientos de deuda, a la reducción exigida del déficit y, todo ello, en medio del pulso soberanista que mantiene con el Gobierno Central.
Cataluña es, de hecho, la autonomía que más se ha beneficiado de los créditos estatales en el último lustro. El Gobierno de la Generalitat recibió a lo largo de los últimos cinco años 62.952 millones de euros, una cantidad que representa cerca del 30% de la riqueza catalana. La mayor parte de esa cuantía sirvió para saldar vencimientos de deuda. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Banco de España -relativos al tercer trimestre de 2016- la deuda catalana asciende a 74.400 millones de euros, lo que la convierte en la autonomía con el mayor volumen de pasivo en circulación.
De cara a este año, el Ejecutivo de Carles Puigdemont tiene previsto pedir otros 7.392 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), tal y como figura en el plan económico que entregó recientemente a los inversores internacionales. De esa cantidad, algo más de 5.900 millones servirían para atender los vencimientos de deuda, otros 1.300 millones para ceñirse al déficit autorizado del 0,6% del PIB y 125 millones más para cubrir las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009.
Valencia y los proveedores
El caso de la Comunidad Valenciana es algo distinto, dado que sus proveedores fueron el principal destinatario de los préstamos que recibió los últimos años de la Administración Central.
A lo largo de los últimos cinco años percibió del Estado 47.853 millones, más del doble del techo de gasto que el ejecutivo autonómico se marcó en los Presupuestos de este año y que asciende a 17.724 millones de euros -la valenciana es una de las siete autonomías que arrancó 2017 con un proyecto presupuestario nuevo para el ejercicio-. En el texto aprobado, el gobierno de Ximo Puig incluye además los 1.325 millones que reclama al Estado de la financiación autonómica, una de sus demandas más recurrentes.
Este mismo mes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avaló las perspectivas económicas de las dos autonomías. Consideró ?prudentes? las cifras de la Comunidad Valenciana, que confía en que su PIB avance un 2% este año -cinco décimas por debajo de lo calculado para el conjunto de España- y contempla un repunte del empleo del 2,5%, es decir, superior en una décima a la estimación del Gobierno Central.
En el caso de Cataluña, el organismo fiscalizador calificó de "probable" su escenario, que sitúa el crecimiento en el 2,7% -dos décimas por encima del español- y el alza del empleo en el 2,2% (dos décimas por debajo del nacional).
Por detrás de estas dos comunidades, Andalucía recibió un total de 30.416 millones de euros de los mecanismos de liquidez hasta el año pasado, el 15% del total. El 30% restante, algo más de 61.000 millones de euros, fueron a parar a las doce autonomías restantes, dado que ni Navarra, ni País Vasco han hecho uso de los créditos estatales hasta la fecha.
De esto último se desprende que entre 2012 y el pasado ejercicio, en un periodo en que las relaciones institucionales entre Ejecutivo de Mariano Rajoy y el de la Generalitat no han hecho sino empeorar día a día, Cataluña recibió de éste la misma liquidez que todas las demás regiones de régimen común salvo Comunidad Valenciana y Andalucía.
