La herencia presupuestaria de Matteo Renzi es de 3.400 millones de euros. El nuevo primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, antiguo ministro de Exteriores, está ante el reto de manejar las consecuencias de los Presupuestos para 2017 aprobados por su antecesor justo antes de dimitir.
Una carta enviada por la Comisión Europea al ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, confirma que la ley presupuestaria aprobada en plena campaña electoral del referéndum constitucional celebrado el 4 de diciembre es una bomba de relojería para las arcas públicas transalpinas. Bruselas pidió la semana pasada "medidas presupuestarias adicionales que conlleven una reducción del déficit estructural de 0,2 puntos del PIB". Es decir, un ajuste de casi 3.400 millones de euros.
Los presupuestos de Renzi disparan el déficit para 2017 al 2,4%, cuando el objetivo fijado es del 1,8. La petición de la Comisión (0,2 puntos del PIB de ajuste frente a un desvío de 0,6 puntos) no parece excesiva, pero la misión de Padoan y Gentiloni sigue siendo difícil. Ahorrar 3.400 millones significa aumentar los impuestos o anular las medidas expansivas aprobadas por el anterior Gobierno. Es decir, el fin del continuismo en las políticas económicas en las que se basaba el nuevo Ejecutivo, que, de hecho, es una fotocopia del anterior, ya que casi todos los ministros de Renzi -incluso Padoan- siguen en el cargo.
Lo cierto es que, con tal de reanimar a una economía hundida por la crisis y ganar votos de cara al referéndum constitucional, el anterior primer ministro no reparó en gastos. Según ha calculado la agencia Bloomberg , durante el mandato de Renzi la deuda pública transalpina se disparó un 7,6%, en el que ha sido el incremento más pronunciado de la última década. Tan solo la subida del 7,0% que se experimentó entre 2008 y 2011, durante la cuarta legislatura de Berlusconi, se le asemeja. Con Mario Monti fue del 5,5% -el tecnócrata tuvo que enfrentarse a una prima de riesgo por las nubes-. El único que consiguió reducirla fue Romano Prodi, que finalizó su breve presidencia en 2008 con un descenso en el pasivo público del 2,1%.
En estos momentos existe un riesgo elevado. El lenguaje diplomático de la carta de la Comisión contiene una amenaza: Bruselas podría abrir un procedimiento sancionador y pide a Roma que responda antes del 1 de febrero. El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, indican que no respetar este último requerimiento significaría prescindir de las anteriores compensaciones otorgadas por la Comisión europea. Es decir, unos 19.000 millones que Roma había obtenido para el bienio 2015-2016.
Un nuevo ajuste amenaza con pasar factura a una recuperación económica que aún es demasiado débil. El Fondo Monetario Internacional acaba de revisar a la baja las previsiones de crecimiento, recortando 0,2 puntos con respecto a la anterior estimación de octubre. El PIB italiano crecería un 0,7% este año y un 0,8 en 2018, en ambos casos un progreso menor al 0,9% alcanzado en 2016.
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