Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), es uno de los principales expertos nacionales en ámbitos como el crecimiento, la competitividad, la economía regional, la economía de la educación y la economía pública. Ha participado en centenares de publicaciones y actividades docentes y empresariales en todo el mundo. Pérez representará a la Generalitat Valenciana en la comisión de expertos para la reforma del modelo de financiación autonómica.
¿Qué principios debe garantizar y sobre qué bases debe construirse el nuevo modelo de financiación?
La reforma de 2009 tenía como primer objetivo el refuerzo del Estado del Bienestar, pero no sólo no se ha reforzado, sino que las comunidades autónomas han tenido que hacer ajustes muy importantes durante la crisis y el gasto real per cápita en servicios públicos fundamentales se ha reducido entre un 15% y un 20%. En los últimos años, se ha afrontado la corrección del déficit más por control de gastos que por incremento de ingresos y eso tiene consecuencias. El nuevo modelo debe solucionar esta insuficiencia financiera global de las regiones. El punto de partida debe ser un diagnóstico de la situación actual y de cuál debe ser el resultado final. El Estado de las Autonomías no ha conseguido, en 30 años, una asignación justa y eficiente de recursos entre las regiones ni entre éstas y la Administración central para cubrir sus funciones de proveedores de servicios fundamentales, garantizando la igualdad de acceso entre todos los territorios y de fomento del desarrollo económico. Tenemos un Estado descentralizado muy desigual. El primer objetivo es lograr un reparto de recursos equitativo en función de la población y sus necesidades. Esto no ha sido cumplido ni por el actual ni por los anteriores modelos.
Además, de la comparación entre el impacto de la crisis en servicios fundamentales y lo que ha ocurrido con las pensiones, protegidas por el fondo de reserva, podemos extraer una lección: se actuó de forma prudente y se dotó a ese fondo, que se ha utilizado para lo que estaba previsto y que tendrá que reponerse. Habría que aplicar una fórmula similar a los servicios fundamentales. Esto implica gastar de manera prudente, para poder ahorrar y tener un colchón en épocas de dificultad. Es aplicable tanto a las comunidades como a los países.
En los últimos años, ha habido muchos casos de mal uso de fondos públicos. ¿Cómo pueden evitarse en un contexto de más recursos?
Es necesario aumentar los recursos para ser tratados con justicia, pero también administrarlos prudentemente. Me preocupa que ciertas decisiones de gasto se adopten sin estar valoradas de manera que se pueda garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Hay que garantizar una adecuada priorización de inversiones. Por ejemplo, si invierto en infraestructuras ferroviarias en un tramo con escaso tráfico de pasajeros y mercancías en lugar de en otro con mucha mayor densidad e impacto -en referencia al Corredor Mediterráneo-, no lograré el mejor aprovechamiento. Esto se aplica también al sector privado. Cualquier recurso mal o insuficientemente aprovechado significa un mal gasto. Las políticas e inversiones públicas deben de ser evaluadas ex ante y ex post, de manera que se tomen sobre análisis y criterios sólidos y sostenibles y que, una vez aplicadas, se compruebe si han tenido las consecuencias deseadas y, si no es así, se revisen. Aunque se están haciendo los deberes, se tiene que convertir en una práctica habitual. Tenemos mucho que mejorar en España en este sentido.
La deuda valenciana sigue creciendo y lidera el ?ranking? de endeudamiento sobre el PIB. ¿Cuál será la propuesta en esta materia?
La parte de la deuda generada como consecuencia de la infrafinanciación tiene que ser negociada y está justificada una condonación. El problema de fondo es la viabilidad financiera de la Comunitat. Ahora funciona por la respiración asistida del FLA, porque, si tuviésemos que acudir al mercado, no tendríamos acceso a recursos. Hay que analizar las causas y definir las vías para lograr esa viabilidad.
¿Ha acabado la crisis económica?
Vemos luces y sombras. La mejora de la competitividad, la creación de empleo, el saneamiento financiero de las empresas, el crecimiento del negocio exterior,... son muy buenas noticias. Pero también hay aspectos que hacen que no esté justificado decir que hemos salido de la crisis: tenemos altas tasas de paro -en torno al 20 por ciento y muy por encima en el segmento más joven- y no hemos resuelto el problema de la productividad. Se han logrado mejoras, pero por un camino no deseable, con destrucción de empleo. El reto es mejorar la productividad, al tiempo que se crean trabajos.
Expertos en economía y empresarios piden una reforma fiscal y laboral. ¿Comparte esta demanda?
Sobre la necesidad de reformas existe un gran consenso. Son cuestiones incómodas de abordar, pero más vale hacerlo cuando hay margen de maniobra. España tiene un problema fiscal importante cuando se compara con otros países europeos: genera pocos ingresos. Nuestro déficit es consecuencia de esos ingresos bajos, y no de que gastemos más. Cayeron mucho durante la crisis y sólo se ha recuperado una parte, mientras que las necesidades derivadas de los servicios públicos se mantenían o crecían. A este descenso contribuyen, por un lado, el impacto del fraude y, por otro, la diferencia entre tipos nominales y efectivos, por la aplicación de beneficios fiscales. Hay que mantener sólo los que se justifiquen por su finalidad y afrontar el debate sobre el reparto de las cargas tributarias. Mientras continúe el déficit, seguirá creciendo la deuda, y esto supone más costes y dificultad de acceso a recursos.
En el ámbito laboral, la reforma del PP ha contribuido a generar empleo, pero con un efecto no deseable: parte de él es precario y hay una alta tasa de temporalidad. Estos problemas deben afrontarse. La temporalidad debería limitarse a los empleos que verdaderamente lo requieran. La dualidad en el coste del despido la propicia. Hay que intentar eliminarla, para que las empresas no huyan de los contratos fijos por miedo a las consecuencias.
